Antonio Fernández saluda a los medios antes de entrar en la sala junto a su letrado, Alfonso Martínez del Hoyo.
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CORDONPRESS
Juicio de los ERE

La vista de los ERE afianza un relato alternativo al de Alaya

El prolijo interrogatorio del defensor Martínez del Hoyo al exconsejero Antonio Fernández intenta desmontar el edificio acusatorio erigido durante la instrucción

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Lun, 9 Abr 2018

Durante las largas sesiones de interrogatorio al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, enfrentado a una petición de ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación, el letrado Alfonso Martínez del Hoyo está intentando algo más que la mera defensa de su cliente: sus preguntas parecen inspiradas por el propósito de construir ante el tribunal un relato completo y genuinamente alternativo al erigido por la juez instructora Mercedes Alaya.

Este lunes, Fernández declaraba por sexto día en el juicio de la pieza política de caso ERE donde está procesado, junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta, por crear o mantener un supuesto procedimiento específico con el que entre 2001 y 2011 el Gobierno andaluz repartió irregularmente en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis más de 850 millones, de los cuales se pagaron efectivamente 741. 

El martes, más

Las preguntas del letrado y las respuestas del procesado son los ladrillos de un edificio todavía inacabado que por ahora se mantiene, ciertamente, en pie pero cuya resistencia a los embates de acusadores, testigos y peritos está por ver.

Tan sistemático está siendo el interrogatorio de Martínez del Hoyo, iniciado la semana pasada, que todavía se extenderá a lo largo de la sesión de este martes, por lo que el expresidente José Antonio Griñán puede que no comience a declarar hasta el miércoles.

Los ladrillos de Fernández

Las principales afirmaciones hechas por el exconsejero y exviceconsejero de Empleo este lunes para apuntalar ese relato alternativo son estas:

-Nunca hubo en la Junta vacío normativo, que habría sido detectado por la estructura de poderes y contrapoderes de toda Administración, sino que existía fondo normativo suficiente para otorgar las ayudas. Jamás hubo, por tanto procedimiento específico alguno creado ex profeso para concederlas.

-Las ayudas de la Junta eran absolutamente iguales a las que daba el Estado, como quedó demostrado en la crisis que dejó en calle a 800 trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva cuyas pólizas de rentas de prejubilación cofinanciaron al 50 por ciento Junta y Gobierno central.

-De los 6.300 trabajadores que percibieron o están percibiendo ayudas, solo ha habido 15 o 20 intrusos.

-La Orden Ministerial de 1995 por la que se regía el Estado para dar las ayudas era aplicable sin ninguna duda en Andalucía.

-El convenio marco de 2001 jamás fue una especie de ‘big bang’ fundacional del caso de los ERE, sino que ya desde 1999 se daban ayudas con criterios similares, y en 2000 se redactó un proyecto de convenio calcado al que luego se aprobaría en julio de 2001.

-El decreto 4/2012 con el que la Junta actualizó, asumió, convalidó y ordenó seguir pagando todas las ayudas concedidas entre 2001 y 2010 fue aprobado sin ningún voto en contra del Parlamento andaluz, aunque acusadores e instructores hayan considerado ilegales tales ayudas.

-Hasta la aprobación de ese decreto de 2012 el legislador no supo identificar el ámbito competencial específico en el que se amparaban las ayudas ni aclarar que no les era de aplicación la normativa general de subvenciones públicas.

-Los diputados no son engañables, y mucho menos aún los órganos de asesoramiento y apoyo con que cuenta la Cámara y que están al servicio de sus señorías.

-Es materialmente imposible urdir en la sombra un procedimiento capaz de eludir todos los controles y engañar al Parlamento.

-El programa 31L y la especificación de sus objetivos figuraban año tras año en la Ley de Presupuestos, que los grupos parlamentarios siempre escudriñan como se sabe con singular celo. Y lo mismo sucedía con las sucesivas modificaciones presupuestarias destinadas a cubrir los desfases que se producían en su aplicación.

Flancos débiles

¿Es creíble el relato alternativo de Fernández, refrendado en general por las declaraciones de la mayoría de quienes le han precedido en el estrado? ¿Es sólido ese relato? ¿Es coherente? Para las acusaciones, la respuesta es no; para los observadores que están siguiendo el proceso, la respuesta es menos taxativa.

Los flancos más débiles relato alternativo con el que los 22 procesados intentan convencer al tribunal serían, por una parte, la extrema  y no siempre justificada discrecionalidad –cuando no arbitrariedad– con que desde la Dirección General de Javier Guerrero se daban las ayudas sin que contrapoder administrativo alguno lo impidiera y, por otra, la contumacia de los responsables políticos de la Junta en desoír las numerosas –y algunas de ellas muy severas– advertencias de la Intervención General sobre el procedimiento de concesión.

Un juicio y dos relatos   

¿Por qué no mejoraron el modo de hacer las cosas? ¿Porque no dudaban de su legalidad? ¿Porque era un instrumento ágil, cómodo y práctico, algo así como una varita mágica capaz de solucionar conflictos y solicitudes de todo tipo?  ¿Por ambas cosas?

En todo caso, queda demasiado juicio todavía como para adelantar acontecimientos. Es pronto para saber cuál de los dos relatos se impondrá finalmente, pero no lo es para afirmar que el juicio está siendo muy útil conocer en toda su extensión y en todos detalles el –hasta el comienzo de la vista oral bastante fragmentario– relato alternativo del caso de los ERE.