A petición de la Fiscalía, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha dirigido un requerimiento al Ministerio de Empleo para que remita al juzgado toda la información sobre la tramitación, concesión y fiscalización de las ayudas extraordinarias para prejubilaciones otorgadas entre los años 2001 y 2011.

La providencia de la juez, de fecha 11 de enero, se enmarca específicamente en la investigación de los ERE de las empresas de la Faja Pirítica de Huelva financiados conjuntamente por el Gobierno central y la Junta de Andalucía, pero los resultados de la misma pueden afectar decisivamente a la macrocausa de los ERE, cuyo primer juicio se está celebrando desde diciembre en la Audiencia de Sevilla.

El ministerio que dirige Fátima Báñez tendrá así que ampliar y detallar el informe ya presentado en el juzgado en septiembre de 2017 sobre dichas ayudas, en cuyas diligencias están investigados dos ex altos cargos del Gobierno central durante la etapa en que fue presidido por José María Aznar.

Una paradoja

Y es que venía dándose la paradoja de que mientras la participación de la Junta en la concesión y pago de ayudas a las prejubilaciones en dichas empresas era objeto de investigación judicial, la propia justicia no se había tomado la molestia de comprobar si la participación del Gobierno central en la concesión y copago de esas mismas ayudas había sido correcta, similar o distinta a la de la Junta de Andalucía.

Los indicios detectados hasta ahora apuntan que el procedimiento del Ministerio de Empleo para fijar las ayudas y sus destinatarios pudo ser el mismo que el utilizado por la Consejería de Empleo y por cuya supuesta implantación se sientan en el banquillo de la Audiencia de Sevilla 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Lo que Alaya no hizo

La primera juez instructora de la macrocausa de los ERE, Mercedes Alaya, desestimó en su día esta línea de investigación. De hecho y en contra de lo solicitado por algunas defensas, en febrero de 2015 la controvertida instructora ni siquiera permitió que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), llamados por ella misma para escrutar las ayudas de la Junta, examinaran las otorgadas por el Gobierno en la Faja Pirítica.

La Fiscalía y la actual juez quieren saber si en los expedientes de las ayudas tramitados por el Ministerio de Empleo constaba la solicitud conjunta de la empresa y de los representantes de los trabajadores o solo la de estos; si se especificaban los compromisos que debían asumir los beneficiarios y si estos debían justificarlas; si las ayudas estaban fiscalizadas previamente y sujetas a disponibilidad presupuestaria; o si ha habido algún procedimiento de reintegro en caso de haberse producido algún incumplimiento de los requisitos establecidos.

Lo que dice la acusación

En realidad, muchas de estas cosas que ahora quiere saber la justicia sobre las ayudas del Gbierno son las que ya sabe sobre las ayudas de la Junta. De hecho, en el auto de apertura de juicio oral a los 22 ex altos cargos autonómicos se reprocha a estos haber ideado un procedimiento que conculcaría “los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación”.

Por su parte, el escrito de acusación de la Fiscalía les recrimina “no haber regulado como era exigido una convocatoria de estas ayudas que garantizase su publicidad y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas, que al no publicarse como es exigida su concesión y no registrarse como es obligado en la Base de datos y subvenciones de la Junta de Andalucía, se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas un importante número de trabajadores afectados por el desempleo o/y situaciones de crisis empresarial.”

300 millones en ayudas

Precisamente, ya en el citado informe de septiembre pasado que ahora el Ministerio de Empleo tendrá que ampliar por mandato judicial, el departamento que dirige Báñez admite que no hizo concurso público alguno para otorgar las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas desde el año 2001 hasta 2011, sino que su concesión fue “directa". En ese periodo el Gobierno otorgó 220 ayudas por un total de unos 300 millones.

En su providencia, la juez Núñez Bolaños también reclama documentación a la Delegación del Gobierno en Andalucía, de que la era titular José Torres Hurtado en 2002 cuando firmó con el entonces consejero José Antonio Viera, hoy procesado, el convenio por el que ambas administraciones asumían conjuntamente la tramitación y financiación de las ayudas a los mineros prejubilados, por un montante cercano a los 40 millones de euros.

La magistrada pide, igualmente a instancias de la Fiscalía, la documentación de las ayudas tramitada por el hoy ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, sucesor de Torres Hurtado en 2003 al frente de la Delegación del Gobierno en Andalucía.