A Podemos no le está resultando fácil que los votantes de fuera de Cataluña comprendan exactamente su posición en la crisis desencadenada por el desafío independentista. Lo que en Cataluña puede reforzarlos, a este lado del Ebro puede debilitarlos, como advirtió la semana pasada la hoy ‘desaparecida’ diputada Carolina Bescansa en una reunión del grupo parlamentario. La formación morada busca en Andalucía cobertura argumental para proteger su retaguardia en una batalla donde están en juego demasiadas cosas.

Este jueves en Sevilla, en un debate organizado por la Cadena SER con motivo del 40 aniversario de las masivas movilizaciones andaluzas del 4 de Diciembre de 1977, Pablo Iglesias ha intentado forzar los paralelismos entre aquel legendario 4-D andaluz y el controvertido desafío independentista catalán que el Gobierno, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, se propone desactivar aplicando el inexplorado artículo 155 de la Constitución.

Riesgos de la equidistancia

Para muchos observadores, el problema del discurso catalán de Podemos no es tanto lo que defiende –un referéndum pactado– como lo que deja de defender –la legalidad constitucional–; no tanto lo que critica con ahínco –el inmovilismo del Gobierno central– como lo que excusa con tibieza –la violación flagrante por el Govern de la Constitución y el Estatut–, de todo lo cual se desprende una equidistancia entre quienes defienden la ley y quienes la burlan que puede resultar letal para la aspiración de Podemos de arrebatar al Partido Socialista la hegemonía de la izquierda.

En el debate celebrado ayer en la sede de la Fundación Cajasol y moderado por el director de contenidos de la Cadena SER Andalucía, Diego Suárez, el secretario general de Podemos y la coordinadora andaluza del partido, Teresa Rodríguez, desgranaban con convicción sus argumentos sobre las movilizaciones del 4-D que culminaron en el referéndum de 1980, pero lo hacían siempre con la vista puesta en la ‘rebelión catalana’ y buscando el mejor modo de cohonestar lo sucedido hace 40 años en las calles de Andalucía con lo que está sucediendo ahora en las instituciones de Cataluña. 

El pueblo, la ley y la trampa

A lo largo de su intervención, Iglesias insistió mucho en el “espíritu de acuerdo político” del 4-D: "Ojalá ese espíritu informe a las actuales élites políticas, para que entiendan que hay que dialogar, buscar un acuerdo y, si es necesario, modificar las leyes como se hizo entonces para dar conducto democrático a la voluntad del pueblo andaluz".

Se refería Iglesias con esta alusión no al 4 de Diciembre de 1977 sino al referéndum del 28 de Febrero de 1980, cuando Almería no logró superar el abusivo listón que exigía que el sí a una autonomía plena para Andalucía superara el 50 por ciento del censo –no de la participación– en las ocho provincias.

No hizo mención Iglesias, aunque es un hecho bien conocido, a las trampas que el Gobierno de UCD hizo con el censo almeriense, engordado con 10.000 muertos que obviamente no votaron pero cuya presencia espectral desequilibró la balanza andaluza.

El líder de Podemos, que enfatizó que “a pesar de las restricciones que establecía la ley, el acuerdo político sirvió para superar los límites de la ley", se preguntó qué habría pasado si el Gobierno de entonces hubiera intentado a rajatabla aplicar la letra de la ley cuando era evidente la voluntad mayoritaria e inequívoca de los andaluces de tener una autonomía de primera.

¿Autodeterminación? No, gracias

El relato andaluz de Iglesias, compartido y apuntalado por Teresa Rodríguez, no parecía estar pensando tanto en la Andalucía de entonces como en la Cataluña de hoy: “El 4-D, el pueblo andaluz ejerció su derecho a decidir", dijeron en un intento, probablemente vano, de equiparar el 1-O y el órdago catalán a una movilización popular del todo ajena a la idea de autodeterminación y a un referéndum posterior del todo amparado por la Constitución de 1978.

Estas otras afirmaciones que Iglesias fue desgranando a lo largo de su intervención confirman esa voluntad de la formación morada de blanquear los lamparones anticonstitucionales del lienzo catalán y contrapesar las visibles deficiencias de legitimidad de un arriesgado proyecto cuyo apoyo popular es muy inferior al 50 por ciento del censo de Cataluña:

“El 4D fue la lucha de un pueblo por cambiar las reglas del juego y negociar otras diferentes, [lo que la convierte] en un elemento útil ahora para tratar de construir un acuerdo en Cataluña”. "Entonces se adaptó la ley a la democracia". “Las movilizaciones demostraron que en democracia, la voluntad popular tenía que servir para informar las nuevas leyes, no para quedar limitada por leyes que no servían para dar salida a una situación política".