El Grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha pedido al Juzgado de Instrucción Número 38 que reabra el caso de la venta de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS)  al fondo Blackstone, que dejó desprotegidas a las familias afectadas.

El demoledor informe de la Cámara de Cuentas

En el escrito dirigido al juez Juan Antonio Sáenz de San Pedro Alba, que decretó el cierre provisional del caso, la solicitud alega que existen “nuevos argumentos de prueba” para la reapertura, entre ellos un demoledor informe de la Cámara de Cuentas de Madrid.

El escrito, que firma el abogado Mariano Benítez de Lugo (que también representa a las familias afectadas), cita las conclusiones de la Cámara de Cuentas, que recogen un rosario de irregularidades, entre éstas, que el Ayuntamiento de Madrid facilitó información privilegiada, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de mayo de 2013, a empresas como Magic Real State-Blackstone, que fue la adjudicataria de la operación a través de su firma Fidere.

La Cámara de Cuentas cree que los fondos que concurrieron a la operación presentaron sus ofertas incluso antes de que el proceso se hiciera público y que el Gobierno de Botella no fijó un pliego de condiciones, como establece la ley.

La sospechosa comisión de 2,4 millones a Itaca

El órgano fiscalizador cuestionó, también, una comisión pagada por el Equipo de Botella, a la empresa Itaca Desarrollos Urbanos y Promociones y Desarrollos Creaziona, de 2.397.775 millones de euros, por supuestamente mediar entre la EMVS y los fondos buitres. La única prueba de la intermediación de Itaca son las facturas.

El abogado Benítez de Lugo hace referencia en su escrito, además, los informes de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid, y del Defensor del Pueblo, que coincidieron en que la venta fue perjudicial para las familias afectadas y que pudo haber irregularidades.

Las 1860 viviendas estaban alquiladas, desde 2004, algunas de ellas con opción a compra, a través de contratos por 10 años. Pero “el equipo de Ana Botella no quiso renovar esos contratos y, curiosamente, meses antes de que vencieran, y poniendo la crisis como pretexto, decidió vender las viviendas. “Hizo un simulacro de concurso y de ofertas para buscar un comprador. Los fondos buitre se presentaron con ofertas irrisorias”, ha explicado el abogado Mariano Benítez de Lugo, preguntado por ELPLURAL.COM.


La tasación de PWC, asesor de Blackstone
Se tomó como punto de partida una tasación encargada por el Gobierno de Botella a Price Waterhouse Cooper, que decidió que los inmuebles que se iban a vender estaban valorados entre 110 y 130 millones de euros.

Las viviendas, garajes y trasters se vendieron por 128,5 millones, muy por debajo de su valor, si se compara con una tasación posterior encargada por el Gobierno de Manuela Carmena a la empresa Thirsa, que lo fijó en 249 millones de euros, según precisa Benítez de Lugo.

Es muy significativo que la empresa a la que encargó el equipo de Botella la tasación, Price Waterhouse Cooper, era, por otra parte, asesora del fondo Blackstone, la que se quedó con los inmuebles.

Botella prometió a los inquilinos que el comprador mantendría las mismas condiciones, pero no fue así. Blackstone ofreció a las familias un contrato de pocos años años y rentas de alquiler un 40% más caras.