Política penitenciaria e inmovilismo del Gobierno
Los reiterados llamamientos del actual lehendakari, Iñigo Urkullu, al presidente Mariano Rajoy para que active la política penitenciaria y acerque a cárceles vascas a los presos de ETA reinsertables han caído en el vacío. En su último encuentro con Rajoy, el 15 de septiembre, le dio hasta fin de año para que le responda.
No obstante, la presión de las cárceles disminuye porque en el último año los presos etarras han pasado de 600 a 500. De ese centenar, buena parte se ha beneficiado de la anulación de la doctrina Parot y otros han cumplido su condena. El Gobierno vasco calcula que en cuatro años saldrán otros 300 presos de ETA por cumplimiento de condena y quedarán menos de 200.
Prácticamente la totalidad de los 465 presos agrupados en el EPPK (colectivo de presos de ETA por sus siglas en euskera) ha realizado las solicitudes individuales formuladas para que sean trasladados a cárceles del País Vasco. Hasta ahora, sus abogados tienen constancia de 125 respuestas de la administración española, formuladas a través de las Juntas de Tratamiento de las prisiones. El Estado responde automáticamente que "no procede ni revisar su grado de clasificación ni modificar su centro de destino", alegando que los solicitantes "cumplen condena por hechos delictivos relacionados con una organización terrorista aún no disuelta" y que continúan "vinculados a ETA" en prisión. "Estos razonamientos se ubican al margen de la legalidad y de las normas internacionales que regulan los derechos fundamentales de los presos", señalaron fuentes jurídicas. Tras agotar la vía interna, los defensores no descartan llegar nuevamente a Estrasburgo, tal como ya ocurrió con la denominada doctrina Parot, anulada en octubre de 2013 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), lo que derivó en la salida de 60 reclusos vascos.
Sellado de los zulos y entrega de armas
En esto ETA sigue la pauta de otras organizaciones armadas como el IRA o las FARC. Medios del Gobierno vasco creen que ETA se limitará a proceder al sellado y aplazará el desarme a la espera de un cambio en la relación de fuerzas en el Gobierno central, tras la celebración de las elecciones generales de 2015. “ETA sigue queriendo tener una interlocución gubernamental para desarmarse y el Gobierno del PP no está dispuesto”.
Pero, pese a que el desarme sigue pendiente, no deja de tener un carácter simbólico. La banda además poner fin a la violencia se ha desmarcado de la actividad de la kale borroca, registrada en los últimos meses. Igual que Sortu, sucesor del brazo político de ETA, legalizado hace más de tres años, tras rechazar la violencia. La presión de Sortu y la debilidad de ETA —unas pocas decenas de militantes acosados— hacen irreversible el fin del terrorismo.
Para Sortu, en este momento existen tres asuntos prioritarios: “modificar la política penitenciaria, acordar un esquema de reconocimiento y reparación de "todas las víctimas", y que los estados accedan a implicarse en un proceso de desarme” señalaba el portavoz de la formación de la izquierda abertzale, Pernando Barrena, en una rueda de prensa en San Sebastián con motivo del tercer aniversario de la tregua de ETA.
Los observadores internacionales ven “nula cooperación” de España y Francia
El abogado sudafricano, Brian Currin, que lidera el Grupo Internacional de Contacto (GIC) lamentó, en una rueda de prensa en San Sebastián, la “brecha” existente entre la propuesta de ETA para desmantelarse —“sellado verificado de los depósitos de armas”, dijo en su comunicado de julio— y la exigencia del Gobierno español de que entregue todo su arsenal.
Sin embargo, el Gobierno español insiste en su idea de que si la banda armada quiere entregar las armas y los explosivos lo puede hacer a través de la Guardia Civil desvelando la localización de sus zulos y arsenales. La mayoría de las armas y explosivos están repartidos en zulos de Francia, razón por la que el mediador sudafricano Brian Currin ha emplazado al Gobierno de París -y también al de Madrid- a “colaborar” en el desarme. El ex secretario general de la Interpol y miembro del grupo de Currin, Ray Kendall, también clamó por la necesidad de “crear unas condiciones políticas y legales” para el desarme.
El abogado, acompañado por el también integrante del GIC Alberto Spektorowski, admitió que el proceso no avanza desde el amago de desarme, en el que dos encapuchados entregaron en febrero de este año apenas cuatro armas de fuego y 16,5 kilos de material para fabricar explosivos a dos representantes de la Comisión Internacional de Verificación (CIV). No obstante, se mostró optimista con la evolución del “proceso de paz” porque en Euskadi no hay violencia desde hace cinco años.
Entre los “principales retos” para el futuro, Currin citó la reparación a las víctimas, el final definitivo de ETA y la situación de los presos.
La Comisión Internacional de Verificación sigue tomándose “en serio” el compromiso de sellado y desmantelamiento de zulos de armas y avance hacia el desarme por parte de ETA. Eso sí, deben empezar a moverse los estados, empezando por el gobierno español del PP.
@ElenaHerreros
