En la calle Génova no saben ya cómo emitir comunicados sin meter la pata y contradecir a las notificaciones paralelas del Gobierno, o como hablar sin dar pábulo a las especulaciones. Y es que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el coordinador, Fernando Martínez-Maillo, no se ponen de acuerdo y se reprochan mutuamente estar también en el punto de mira de los tribunales, ya que el zamorano continúa investigado (antes imputado) en el supuesto desfalco de Caja España, si bien la número dos del partido todavía no ha sido imputada por la supuesta mordida de 200.000 euros que recibió el PP castellano-manchego de Sacyr para financiar su campaña electoral de 2007, aunque los últimos acontecimientos judiciales a buen seguro restan sueño a la también ministra de Defensa después de que las acusaciones populares hayan “cercado” al fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez, que no dudó en salir al rescate de Cospedal pidiendo el sobreseimiento de la causa (aún estando en pleno proceso de instrucción), con una devastadora batería de diligencias de pruebas, a las que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, y que el titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 toledano, Florencio Rodríguez Ruiz, tendrá muy difícil oponerse.
Los imputados del juez Ruz
El Juzgado Nº 3 recibió un escrito el pasado 28 de marzo, firmado por las acusaciones populares integradas por la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Federación Los Verdes, en el que solicitan al juez Rodríguez Ruiz las declaraciones como imputados del extesorero del PP, Luis Bárcenas, quien destapó el escándalo de la mordida de los 200.000 euros, asegurando ante el juez Pablo Ruz, cuando éste llevaba los asuntos del Juzgado Nº 5 de la Audiencia Nacional, que entregó dicha cantidad al gerente del PP castellano-manchego, José Ángel Cañas, que la acusación también pide su declaración como investigado, así como del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, y de su sucesor y actual consejero delegado de la compañía, Manuel Manrique, todos ellos imputados en su día por Ruz antes de dictar pieza separada del caso de la concesión del servicio de recogida de basuras del Ayuntamiento de Toledo, y después de enviar al juez decano de esta ciudad el asunto del que Ruz consideró indicios acreditados de supuestos delitos, entre ellos prevaricación y cohecho.
Don Vito (Correa) entra en escena
Las acusaciones populares, que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pretende suprimir siempre y cuando se trate de partidos políticos, como es el caso de IU, y ya de paso encargar la instrucción a la Fiscalía, piden también que declare en condición de testigo el capo de la banda Gürtel, Francisco Correa (Don Vito, como a él le gustaba autodenominarse entre sus allegados). Los abogados piden que Correa “ratifique la declaración prestada y que atestigua las entregas de dinero realizadas por contratistas a cambio de adjudicaciones de contratos de obra”, dicen en su petición las acusaciones, al mismo tiempo que demandan al juez toledano que requiera a la Audiencia Nacional la declaración de Correa, en la actualidad encarcelado en el Centro Penitenciario Madrid III, y que ésta se incorpore a los autos.
Campañas electorales del PP bajo sospecha
Del mismo modo, solicitan la declaración de Rafael Naranjo, presidente de Sufi en la época en la que supuestamente pagó al PP de Cospedal 200.000 euros para recibir a cambio la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo, siempre, según declaración en sede judicial del extesorero “popular”, Luis Bárcenas. Las acusaciones populares señalan en su escrito que como “refiere el señor Correa en su declaración, esta empresa pagó diferentes cantidades para la adjudicación de obras cuyo dinero fue destinado para el pago de campañas electorales del PP en diferentes regiones”, añaden, “testifical que puede aclarar y demostrar la práctica más que generalizada de entregas de dinero por parte de dicha mercantil a cambio de adjudicaciones de contratos de obra”.
Pruebas periciales y documentales
Finalmente, la acusación hilvana todas las costuras del caso sin dejar un cabo suelto a la subjetiva interpretación de la Fiscalía, que lejos de pedir más pruebas y diligencias, exige como decimos el carpetazo de la causa ante el estupor de tiros y troyanos, que no logran entender la postura adoptada por el fiscal Ibáñez a favor de María Dolores de Cospedal, cuando la instrucción del juez Florencio Rodríguez todavía no ha concluido, y al que los abogados de ALA e IU solicitan que cite a los “funcionarios redactores de los informes” de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), así como de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En ambos se cuestiona el procedimiento de adjudicación del servicio de basuras a Sufi por parte del PP, partido gobernante del Ayuntamiento de Toledo en 2007, a cambio de 200.000 euros para financiar supuestamente la campaña electoral de Cospedal. Esto todavía no ha acabado.
