El secretariado de Jueces para la Democracia (JpD), con cautela, pero de forma contundente, ha opinado hoy sobre las conversaciones del ministro de Interior, y el director de la oficina antifraude de Cataluña y exige que “se investiguen y depuren las responsabilidades de todo orden de todas las personas implicadas en esta trama, recordando que cualquier actuación en defensa de la legalidad constitucional debe llevarse a cabo por los medios pertinentes, sin que quepan atajos ilegales como el que nos ocupa”.
"Nulo respeto a las instituciones democráticas"
“Sin perjuicio de respetar el proceso electoral que ha culminado este pasado domingo, de ser ciertas las noticias que se están difundiendo en los medios de comunicación y con todas las cautelas, Jueces para la Democracia no puede dejar de pronunciarse sobre las inaceptables presiones del titular del Ministerio de Interior, D. Jorge Fernández Díaz, al titular de la Oficina Antifraude Catalunya, D. Daniel Alfonso”, manifiestan los jueces.
Para la Asociación judicial progresista “tales presiones revelan el nulo respeto a las instituciones democráticas por parte de quien dirige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, en tal calidad, tiene como misión constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.
JpD abunda en esta falta de respeto a los derechos fundamentales afirmando “a ninguno de estos fines se atiene el ministro si utiliza tal puesto para intentar incriminar a rivales políticos en actos de corrupción no investigados ni por la autoridad judicial ni contrastados por los cuerpos policiales bajo su dependencia”.
“Para eliminar al rival político”
“Esta actitud revela un profundo desprecio por las instituciones democráticas. Hay que recordar que la Oficina Antifraude Catalunya es una oficina comisionada dependiente directamente del Parlament de Catalunya, cuyo titular está nombrado por él y ante el que le rinde cuentas, nacida para investigar las mordidas y actos de corrupción comúnmente conocidas como 3%”, continúan.
Por estos motivos, concluyen los jueces progresistas, “debemos denunciar la utilización ilegal y abusiva de las instituciones democráticas, entre las que se encuentra la Judicatura y la Fiscalía, con el fin de eliminar al rival político”.
