La retirada de la imputación a la infanta Cristina traerá consecuencias jurídicas y políticas, según apuntan hoy algunos analistas políticos que defienden que la hija del Rey tendría que declarar ante el juez José Castro, para “no ser sospechosa de haber sido favorecida por la Justicia”, en opinión de Iñaki Gabilondo, para darle la oportunidad de que se defendiera de las acusaciones contra ella, según apunta Soledad Gallego, o, al menos, para que “los ciudadanos no se queden con la sensación de que este asunto está a punto de cerrarse en falso, en opinión de Pepa Bueno. En El Periódico de Cataluña, Joan J. Queralt se muestra sorprendido de “la celeridad judicial” en este caso.

Sospechosa
En su vídeoblog, en la SER y El País , Iñaki Gabilondo considera que la Familia Real no debería estar tan alegre con la retirada de la imputación a la infanta, ya que esta “ha pasado de ser sospechosa de complicidad en los negocios de su marido a ser sospechosa de haber recibido trato de favor de la justicia”. En opinión del veterano periodista, si hubiera tenido la posibilidad de declarar ante el juez “se hubiera podido defender de las acusaciones contra ella”, y ahora, en cambi, “le va a ser muy difícil defenderse de haber sido ayudada por la justicia”.

Una mancha
Gabilondo recuerda que “no había ocurrido nunca que un imputado fuera desimputado” y destaca la actuación “fuera de lugar y estrepitosas” de la Fiscalía Anticorrupción y las “maniobras evidentes por parte de su familia” para lograr algo que califica de “insólito”.

El analista considera que la infanta tiene a partir de ahora “una mancha” ante la sociedad: “una infanta de España se mueve en un terreno simbólico de mucha importancia y no es menor la sospecha de trato de favor”.

Repercusión en el derecho y la política
Por su parte, la comentarista Soledad Gallego, en la SER califica de “insólito” que “una persona denunciada no haya sido oída ante un juez”, aunque admite que “no hay muchos precedentes de una infanta que sea llamada a declarar por actividades presuntamente ilegales”.

“Las decisiones de los jueces van a dar mucho que hablar en el mundo del derecho”, augura Soledad Gallego y lo fundamenta en que “es extraño que una vez que se admite una denuncia no se oiga a uno de los denunciados”. También tendrá repercusión en la política, en su opinión, porque “en su conjunto todo este asunto se ha desarrollado con una gran torpeza, un resultado que perjudica la imagen de la propia infanta y de toda la Casa Real”.

La infanta no se podrá defender
A su juicio, que la hija del Rey declarara ante el juez “no implicaba en absoluto que la infanta Cristina hubiera hecho nada ilegal. Al evitar que acuda al juzgado se echa sobre ella una sospecha de que no se puede defender. La decisión del fiscal de que no acudiera a declarar fue un error político del que es responsable el Gobierno”, sentencia la periodista.

La celeridad de la Justicia, esta vez
En El Periódico de Cataluña, Joan J. Queralt se muestra sorprendido por “la celeridad judicial” en lo que se refiere a la infanta. “No hay justiciable que no quiera para sí la celeridad con la que se ha ventilado el asunto: auto de imputación el 3 de abril; recurso del fiscal y de la entonces imputada, que debió buscar abogado, el 6 y el 11 siguientes, respectivamente. Pese a haber fijado la sala la deliberación para el 20 de mayo y a haber incorporado un informe de la Agencia Tributaria, se ha dictado resolución ayer, 7 de mayo. No es frecuente, aunque perfectamente legal”.

La sensación con la que se quedan los ciudadanos
En Hoy por hoy, de la SER, Pepa Bueno destaca que la imputación de la infanta Cristina “ha provocado un debate jurídico intenso , protagonizado por jueces, fiscales y abogados excepcionales. Pero todos estos florilegios legales no deberían ocultar un dato esencial: la infanta Cristina no ha dado aún explicaciones de lo que supo o dejó de saber sobre las actividades de su marido”.

“El propio juez Castro razonaba en su decisión que no podía cerrar este asunto sin escuchar las explicaciones de la mujer de Iñaki Urdangarin. Así piensan muchos ciudadanos, que hoy, con razón o sin razón, justa o injustamente, se habrán quedado con la sensación de que este asunto está a punto de cerrarse en falso”, afirma Pepa Bueno.