El Gobierno de Andalucía ha aprobado el decreto-ley sobre la función social de la vivienda. Una medida de indudable calado social, que da respuesta a una insistente demanda de los ciudadanos y sitúa una vez más a Andalucía como referencia en el conjunto de España.
Descalificativos desde la caverna
Precisamente este hecho, ser referencia nacional y ser también un ejecutivo de izquierdas ha hecho, como informó ELPLURAL.COM recientemente, que la derecha tanto mediática como política y económica estén intentando desde el primer minuto echar basura en forma de mentiras e insidias sobre este decreto y sobre quienes lo han puesto en marcha. Calificativos como proceso de venezuelización, gobierno socialcomunista o consejera escrache, se están vomitando desde bocas que temen que la ley solucione en parte esta grave lacra de los desahucios, favorezca el alquiler social y pare los pies a quienes provocaron la crisis y la burbuja inmobliaria no sin antes enriquecerse.
Tres falsedades
Y es que sin ningún tipo de duda este decreto pone de manifiesto el contraste de las políticas de un gobierno progresista frente a lo que se hace en el resto de de nuestro país y, muy especialmente, que en nuestra comunidad se practica un modelo diferente que antepone las personas frente cualquier otra consideración. Por todo ello no ha extrañado que circulen desde el momento de la aprobación de la norma tres falsedades muy fáciles de desmontar.
Falsedad uno: La Junta tiene miles de viviendas vacías
Se intenta transmitir, y ya se ha visto en artículos, declaraciones y tertulias, que la Junta de Andalucía posee miles de viviendas vacías. El disparate es tan amplio que se ha podido oir al PP afirmando por la mañana que son cinco mil los supuestos pisos vacíos mientras por la tarde eleva el número nada más ni menos que a setetenta mil viviendas sin ocupar en propiedad de la Junta.
Sin embargo la verdad es que en el parque público de vivienda de la Junta de Andalucía no existen inmuebles sin ocupar. Sus más de 81.000 viviendas estan puestas a disposición de los andaluces que lo necesitan siendo actualmente 350.000 personas las que vien en éstas a precios muy reducidos para cumplir la función social para la que se construyeron.
Según informaciones de la propia Junta de Andalucía el parque público de vivienda cumple ya plenamente su función social. Las viviendas que puedan quedar puntualmente desocupadas lo estarán como consecuencia de la rotación natural del parque (fallecimientos, mudanzas...) y son inmediatamente reasignadas a través de los registros municipales de vivienda.
Es imposible que haya un stock de vivienda vacía en el parque público andaluz, como pregona el PP. De hecho, hay una fortísima sobredemanda, dado el carácter extremadamente asequible de estas viviendas, con alquileres en ocasiones por debajo de los 50 euros. Suele ser más caro el IBI que la propia vivienda.
Falsedad dos: La Junta desahucia
Esta supone una de las insidias más grave de las que se están vertiendo por el drama social al que aluden. La Junta de Andalucía (la Consejería de Fomento y Vivienda, o la consejera) continúa desahuciando a familias de las viviendas del parque público de vivienda”
Se da la circunstancia de que la consejera Elena Cortés, anunció en junio de 2013 en el Parlamento la paralización de todos los desahucios del parque público de viviendas de la Junta en respuesta a la extrema situación de familias con problemas. Se trata de una decisión sin precedentes adoptada con carácter extraordinario y excepcional. El objetivo es que nadie que no pueda pagar su vivienda por un empobrecimiento por pérdida de empleo pierda su casa. Desde entonces no se ha producido ni un solo desahucio en el parque público y corta la posibilidad de que se ejecuten en el futuro.
El hecho al que se agarra la derecha para calumniar es que los inicios de los expedientes de desahucio se continúan y se continuarán publicando en el BOJA, pero solo en cumplimiento de la ley de procedimiento administrativo. Desconocen o callan que la Consejería está obligada a notificar a los inquilinos de viviendas del parque público el incumplimiento de sus obligaciones, porque lo contrario sería dejar el parque público sin control ni vigilancia. Lo cierto es que la Consejería, una vez agotado el proceso administrativo, no judicializa el asunto, con lo que en ningún caso se produce el lanzamiento o desahucio efectivo.
Falsedad tres: La consejera Elena Cortés era directiva de Cajasur y realizaba desahucios
A la Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, la derecha la ha colocado en el centro de su particular e infame diana. Elena Cortés ha tenido que oir y leer como se la ha calificado como Consejera escrache, o se la ha tildado de "comunista bolchevique" con afán ofensivo. De ella se ha dicho falsamente que fue directiva de Cajasur. Lo cierto y verda es que la cordobesa nunca fue miembro del consejo de administración de Cajasur, sino de su asamblea general, organismo sin ninguna capacidad ni responsabilidad de gestión. Fue miembro de esa asamblea, con unos 200 integrantes, en calidad de diputada provincial. La asamblea general era convocada una o dos veces al año con el único objeto de presentarle las cuentas de la entidad.
