El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, José Manuel Vela, presentó esta mañana su dimisión poco antes de que el juez lo imputara y un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidiera investigarlo por filtrar un documento confidencial en Les Corts al diputado Rafael Blasco, imputado en el caso Cooperación por su participación cuando era conseller de Solidaridad y Ciudadanía en el presunto desvío de fondos públicos de ayudas al desarrollo. Una acción por la que ha sido imputado por un posible delito de violación de secretos y una falta de custodia de documentos.
El juez lo cita a declarar
Poco después de que dimitiera, el juez instructor del TSJCV, José Flors, dictó una providencia por la que cita en calidad de imputado a Vela el próximo 12 de diciembre. Flors pide también que se remita el TSJ la grabación íntegra en la que supuestamente se produjo la filtración y exije conocer la identidad de todos los funcionarios encargados de “la plasmación mecánica del informe” que solicitó el juzgado número 21 de Valencia que lleva el caso Cooperación.
Mantiene su inocencia
En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Vela anunció su renuncia al cargo, mantuvo su inocencia, calificó de “falsas” todas las acusaciones y manifestó que “ni yo ni mi familia estamos dispuestos a soportar más esta injusta presión mediática” que está recibiendo desde el pasado día 20 en el que fue grabado en el hemiciclo de Les Corts pasándole a Blasco el supuesto documento que la Fiscalía había solicitado a su consellería.
En contra de las evidencias gráficas
Vela insistió en que el documento que entregó a Blasco no era más que una copia de su intervención ese día en el Parlamento valenciano sobre el anteproyecto de Presupuestos para 2013, a pesar de los documentos gráficos existentes que demuestran lo contrario. El ya exconseller, cuyas competencias asumirá provisionalmente el vicepresidente José Ciscar, que lo acompañó en el anuncio de su dimisión, manifestó que estaba harto de la situación y resaltó que su renuncia era “una decisión personal que no conocía nadie antes de entrar en esta sala”.
“Fabra maneja los tiempos”
Císcar anunció que será él mismo quien temporalmente asuma las funciones de la Consellería de Hacienda, tal como se lo había pedido el presidente Fabra y, al ser cuestionado sobre una crisis de gobierno, puso de relieve que “el presidente es quien maneja sus tiempos y estos solo los puede cambiar el interés general de los valencianos”. Sobre la dimisión del conseller, Císcar destacó que “Vela lo ha pasado mal en los últimos meses debido al problema de liquidez del Consell” y ha recibido “críticas injustas que se han personalizado” sobre él por ser el titular de Hacienda.
La oposición pide más dimisiones
Las reacciones a la dimisión no se han hecho esperar. El secretario general del PSPV, Ximo Puig, resaltó que la dimisión de Vela “pone de manifiesto que el Gobierno valenciano ha perdido el rumbo”, que el presidente Fabra “ha perdido toda su autoridad” y que la presunta filtración “señala a Fabra de manera activa amparando la corrupción”. La síndica de EUPV en las Corts, Marga Sanz, aseguró que la dimisión del conseller “está coja, porque no viene acompañada de otra imprescindible” como es la de Blasco, por lo que considera que a Vela “tienen que seguirle muchos más nombres”. Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, consideró que la renuncia de Vela “era un gesto necesario y preciso para recuperar, de alguna manera, la dignidad de las instituciones, aunque no veía “ningún sentido” en “dimitir y decir que es inocente”.
El juez que acabó con Camps
El magistrado José Flors fue quien acabó en el verano de 2011 con la carrera política del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, al imputarlo por la causa de los trajes. Hace año y medio el juez Flors acaparó las portadas de los medios de comunicación al abrir juicio oral contra el entonces presidente valenciano Francisco Camps acusado de recibir regalos impropios. La decisión del magistrado llevó a Camps a presentar su renuncia una semana después al verse abandonado a su suerte por Mariano Rajoy. Se da la circunstancia que Flors está a un mes de su jubilación. El pasado 11 de octubre, el Consejo General del Poder Judicial aprobó la petición solicitada por el juez de jubilarse anticipadamente a partir del próximo 1 de enero, que podría haber seguido en el alto tribunal valenciano seis años más y su baja dejará vacante una de las plazas de la sala de lo civil y penal, que es la encargada de seguir las causas contra los políticos aforados.
Forzó la dimisión de Cartagena
La imputación de Camps no ha sido la única causa relacionada con altos cargos del gobierno valenciano que ha tenido que dirimir Flors. Hace ya quince años, el entonces conseller de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, tuvo que dimitir acusado de delito fiscal al demostrar el juez Flors que Cartagena, uno de los políticos populares con mayor futuro político del gobierno de Eduardo Zaplana, era propietario de las llamadas cesiones de crédito de nuda propiedad del Banco Santander, un producto financiero opaco al fisco. El informe que el juez pidió al Instituto de Robótica de la Universitat de València demostró que el exalcalde de Orihuela era propietario de nueve cesiones de crédito por valor de 164 millones de pesetas, cantidad que Cartagena había ocultado al fisco en connivencia con el banco .
Desestimó una querella de Zaplana
Además del caso Camps y el caso Cartagena, Flors ha tenido varias actuaciones relevantes, como el archivo en 2006 de la querella que Eduardo Zaplana presentó por un supuesto delito contra su honor contra dos diputados socialistas de las Corts Valencianes por difundir unas grabaciones que implicaban al exministro de Aznar en una trama de cobro de facturas falsas en Terra Mítica, el parque temático de Benidorm que Zaplana promovió durante su etapa al frente de la Generalitat. En los anales de la información judicial tiene también un lugar destacado la causa que Flors instruyó en 1986 que llevó a sentarse en el banquillo de los acusados al juez Forteza, que fue apartado de la carrera judicial tras ser condenado por unas polémicas redadas que dirigió en varios prostíbulos de Valencia que acabaron con un centenar de mujeres detenidas en la comisaría.
