Si , España es:
1.“Un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valor superior en su ordenamiento la justicia” (Atrt. 1,1) y “El Estado debe regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos” (Art. 149, 1ª).
Y como sujeto:
2. “Todos los españoles tienen derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia” (Art. 35,1) .
Y resulta que:
3. “Los poderes públicos deben “Asegurar la protección económica de la familia” (Art. 39,1) y el Ministerio fiscal “Debe promover la acción de la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos”(Art.124,1),
La conclusión es que cuando en nuestra España, - Arcos de la Frontera y Ecija-, ocurren (7 de agosto) cosas como las del asalto a comercios para poder dar de comer a familias que lo necesitan, la alarma se dispara ciertamente pero en otra dirección: hacia el Estado, hacia la clase gobernante y política y, en general, hacia los poderes públicos que han ignorado derechos básicos de los ciudadanos y han promovido los intereses y despilfarro de las clases y sectores pudientes, invirtiendo el orden jurídico de nuestra Constitución.
Ya es sintomático que representantes del Gobierno no se atrevan a negar la legitimidad constitucional de esta acción ciudadana. Llevamos más de 30 años de Estado social y democrático de Derecho, nadie como ellos conocen las leyes citadas y, en lugar de promoverlas y aplicarlas, se han dedicado no pocos a acumular desigualdades y fortunas y ahora nos vienen con que la solución debe hacerse según contenido y modo establecidos por la ley.
¿Cuándo comienzan a expropiar a los que, injustamente y contra la Constitución, han promovido el menosprecio y olvido de derechos básicos de los ciudadanos y han estimulado el egoísmo y la opulencia de tantos sujetos transgresores de la justicia y de esos derechos de los ciudadanos?
