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Los dos nacieron en Toledo en 1965; los dos se licenciaron en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; los dos formaron equipo para hacerse con la Alcaldía de Toledo; los dos fueron diputados regionales en las Cortes de Castilla-La Mancha; los dos decidieron crear un despacho de abogados todavía operativo y los dos llevan viviendo de las arcas públicas desde principios de la década de los 90. Hoy, Agustín Conde es diputado nacional del PP por Toledo y presidente de la Comisión de Defensa del Congreso (85.000 euros/año), mientras que su compañero de pupitre se sitúa a la derecha de María Dolores Cospedal, en cuyo Gobierno castellano-manchego ostenta las consejerías de Presidencia, Administraciones Públicas y Portavocía (75.000 euros/año).

Retrasos en sus obligadas declaraciones
Son tan idénticos, que su comportamiento se asemeja a “dos siameses”, a pesar de no estar unidos por un mismo cuerpo, sí parecen estar “cosidos” por los mismos patrones económicos. Tanto es así, que los dos decidieron retrasar in extremis sus obligadas declaraciones de bienes y rentas. Mientras que Agustín Conde, líder indiscutible del “dueto siamés”, esperó hasta el día 31 del pasado mes de mayo para dar a conocer su patrimonio en la web del Congreso, cuando sus compañeros lo habían hecho seis meses antes, Leandro Esteban, para no ser menos, demoró hasta el 28 de enero de 2012  su declaración, frente al resto de los diputados regionales que cumplieron con la ley y con el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en tiempo y forma en octubre de 2011.

Un despacho llamado “Conde, Esteban y Cuéllar”
Lazos económicos inquebrantables que se remontan a 1999, cuando ambos abandonaron el Ayuntamiento de Toledo para capitanear al PP en las Cortes de Castilla-La Mancha. Desde entonces mantienen abierto el despacho de abogados “Conde y Esteban” en la capital toledana, al que últimamente se le unió el apellido “Cuéllar”, sin que este periódico haya podido precisar la identidad de este supuesto tercer socio. El caso es que el bufete de ambos líderes del PP se parece mucho al típico y legal lobby norteamericano, como queda reflejado en el enunciado de su disposición empresarial: “CONDE Y ESTEBAN SL es una empresa de Toledo, fundada el 23/07/1999 y dedicada a la prestación de servicios de asesoría jurídica, y la organización empresarial de los elementos materiales y humanos para el ejercicio profesional de la abogacía”.

Distintas valoraciones
Hasta aquí, sin contar el régimen de incompatibilidades, puede que todo se ajuste a la normalidad. Sin embargo, la valoración de las acciones del despacho de abogados, de la que Conde y Esteban cuentan con el 50% cada uno de ellos, difiere sensiblemente en sus respectivas declaraciones. Si Agustín Conde en su declaración de noviembre de 2011 (ver documento) cifraba en 6.000 euros el valor de sus acciones, su socio, Leandro Esteban, estimaba su cincuenta por ciento en 1.502,23 euros (ver declaración 2012).

Acciones que desparecen en la última declaración
No solo eso, Agustín Conde, en su última declaración, publicada en la web del Congreso el pasado 31 de mayo, no recoge (ver declaración 31-05-12) en el apartado de “Acciones y participaciones en todo tipo de sociedades, entidades con valor económico y cooperativas” su 50% del lobby/despacho de abogados, a pesar de que el Congreso le autorizó en abril de este año a desarrollar sus labores empresariales en “Conde y Esteban S.L:”, como queda recogido en su registro de intereses de la Cámara Baja (Ver documento).

El consejero showman y el amigo de Polaino
Lo cierto es que los dos socios no brillan, precisamente, por sus acciones políticas, mientras que Agustín Conde saltó a la palestra nacional por su apoyo al catedrático de Psicopatología, Aquilino Polaino, que alertó en el Senado de que la homosexualidad “se suscita” en los hijos adoptados por gays o lesbianas, Leandro Esteban se ha convertido en el “malo de la película”, en un consejero showman al servicio de la propaganda del Gobierno de Cospedal, a quien el PSOE acusa de “cruzar alguna raya roja” en sus insultos contra el alcalde socialista de Toledo. Además, dicen las mismas fuentes, está por ver si la titularidad de ese bufete de abogados es compatible o no con la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, donde, entre otras cosas, se dice que: “La condición de miembro del Consejo de Gobierno es incompatible el ejercicio de cargos por sí o por personas interpuestas, que lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento de toda clase de sociedades mercantiles o civiles y consorcios de fin lucrativo”. ¿Atañe esta Ley al despacho de abogados?