El escrito del Ministerio Público, firmado por la fiscal Rosa Mayoral, afirma que en la querella, además, no hay nada nuevo que lleve a dudar de las declaraciones de las testigos, y añade que la condena se basó también en otros elementos, según El Mundo.

El Mundo vuelve a acusar a las testigos de buscar indemnizaciones
El diario de Pedro J. Ramírez, sin embargo, que ha insitido en poner en cuestión las declaraciones de las dos testigos, mantiene que sí ha habido "datos novedosos" y menciona que las dos mujeres declararon “en circunstancias extrañas de las que no tuvieron conocimiento ni la defensa, ni el juez instructor ni el tribunal que juzgó la masacre”.

Según precisa el diario, una de las testigos incriminó por primera vez a Zougam 11 meses después del atentado, en febrero de 2005 y sugiere que lo hizo para beneficiarse de las indemnizaciones recibidas por las víctimas de la masacre de Atocha. “Inmediatamente después de inculpar a Zougam, la testigo fue incluida en el listado de víctimas y terminó cobrando 48.000 euros”, afirma El Mundo.

El Mundo sigue alimentando la conspiranoia
El Mundo dedica su editorial de este miércoles al asunto y lamenta que “otra vía para esclarecer el 11-M está a punto de cerrarse” y ya no se podrá saber “lo que sucedió aquella terrible jornada”. El diario mantiene que la querella de Zougam, a quien ha utilizado como baza para alimentar su teoría de la conspiración en este caso, sí aporta "elementos nuevos que no fueron conocidos durante el juicio". Por ejemplo, según asegura, que una de las testigos modificó sus declaraciones ante la Policía y el juez.

Las dos mujeres denunciaron a El Mundo por presiones
La dos testigos denunciaron al diario El Mundo, el 20 de marzo pasado, en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, por presuntas presiones. Los abogados de las mujeres explicaron que ambas han aportado sus relatos manuscritos en los que “describen maniobras tendentes a influirles para desvirtuar sus propios testimonios” y “para comprometer la imparcialidad que en todo momento reflejó el propio presidente del Tribunal (el magistrado Javier Gómez Bermúdez) que enjuició los hechos”. El documento señala que el objetivo de esas maniobras habría sido “el de generar elementos que permitiesen continuar cuestionando la firmeza y conclusiones de la sentencia.