La decisión del Gobierno de suprimir las ayudas deja sin respaldo económico a muchos proyectos verdes, como plantas de biomasa o parques eólicos. El malestar es general entre los barones populares y los presidentes de Extremadura, José Antonio Monago, y Galicia, Alberto Núñez Feijóo ya han hecho público su rechazo.

Reunión en Génova
La número dos del PP, María Dolores de Cospedal, se ha visto obligada a convocar una reunión para tranquilizar los ánimos. Se celebrará mañana, en Génova, y asistirán los consejeros  de Industria de Madrid, Baleares, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Comunidad Valenciana y Murcia.

Galicia y Castilla y León serán las más afectadas
Según ha podido saber Expansión, que cita a fuentes autonómicas, el objetivo de la reunión es claro: discutir la moratoria a las renovables. Monago y Núñez Feijóo ya se han visto antes con el ministro de Industria, Energía y Turismo para pedirle un aplazamiento. Ambas comunidades tienen proyectos en marcha: Extremadura, en plantas de biomasa y Galicia, en parques eólicos. Precisamente Galicia será la comunidad más afectada, seguida de Castilla y León, pero también salen mal paradas Extremadura, Cantabria, Andalucía y Aragón.

Las comunidades también apostaron por las renovables
La oposición de las comunidades a la decisión del Gobierno de tirar por la borda lo andado hasta ahora por el sector evidencia que los gobiernos autonómicos se habían subido al carro de la apuesta del Ejecutivo socialista por las renovables.

Considerable pérdida de empleo
Asociaciones empresariales del sector han expresado su malestar a Industria. La asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) alertó de “la considerable pérdida de empleo” que provocará la medida del Gobierno. Esto, sin contar lo que se le viene encima en los tribunales.

Pueden producirse cerca de 5.000 pleitos
Numerosos promotores de parques y huertos de renovables estudian recurrir para exigir responsabilidad al Estado. Fuentes del sector aseguran que podrían producirse cerca de 5.000 pleitos potenciales. Los inversores que se vean perjudicados por la medida del Gobierno pueden reclamar una indemnización.