Tal y como contó ELPLURAL.COM, la empresa para la que Morenés trabajó hasta poco antes de su nombramiento exige al Gobierno una indemnización de 40 millones de euros. La causa es el tratado internacional que firmó el anterior Ejecutivo socialista en 2007 y que prohibía el uso, almacenamiento y fabricación de bombas de racimo, unos dispositivos que no discriminan víctimas y causan muchas bajas civiles.

El pasado de Morenés
Pedro Morenés fue consejero de Instalaza entre 2005 y 2007 y ocupó el cargo de representante hasta el 4 de octubre de 2011. Días después, el 31 de octubre de 2011 se conocía que la empresa había exigido una indemnización millonaria al Gobierno, aunque Instalaza ya había avisado antes, cuando Morenés era su representante, que exigiría esta compensación.

"Conflicto de intereses"
Ahora, el gabinete en el que está Morenés se ha encontrado esta petición, y la diputada de ICV exige saber, con una batería de preguntas, qué piensa hacer el Gobierno de Mariano Rajoy al respecto. Laia Ortiz cree que Morenés está inmerso en un "conflicto de intereses" y ve "lamentable" la relación del ministro con el sector privado: "Es algo que dista mucho de lo que debería defender un cargo público", ha asegurado la diputada a Público.

Las bombas de Gadafi
Además, en su escrito, Ortiz recuerda que el tratado empezó a ser efectivo en 2008, pero la empresa "todavía mantenía la bomba de racimo MAT-120 en el catálogo de su web" en el 2009, a pesar de ser ya ilegal. La diputada también menciona que, según diferentes ONG, esa bomba, fabricada por Instalaza, fue la que usó Muammar Gadafi contra la población libia en Misurata.