El Gobierno de la España procede este martes a la declaración de zona de emergencia o zona catastrófica de la isla de La Palma tras los daños ocasionados por la erupción del volcán.

Que una ciudad o municipio sea considerada zona catastrófica serviría a estas áreas para lograr ayudas económicas con las que poder hacer frente a las consecuencias de la catástrofe y que todas las zonas perjudicadas puedan volver a la normalidad lo antes posible. El Ejecutivo ha estudiado los daños y las pérdidas ocasionadas por el volcán, aunque es imposible conocer el alcance real de esto, ya que el peligro aún se encuentra activo.

La aprobación de la medida este martes en el consejo de ministros llega después de que el presidente Pedro Sánchez la anunciara el pasado viernes. El Ejecutivo destinará 10,5 millones de euros, que se destinarán respectivamente a viviendas, bienes de primera necesidad y mantenimiento de los sistemas de regadío; todo lo relacionado con la movilidad y el transporte y a una regluación concreta de los ERTE en la zona. La decisión de otorgar dicho término está, siempre, en manos del Gobierno de España y debe aprobarse en Consejo de Ministros, tal y como se va a producir en este caso.

Hay varios artículos que regulan la zona catastrófica aunque, para ser exactos, desde 2015 no recibe este nombre, sino que la ley que regula dicha materia habla de "declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil", pero los efectos son los mismos. Uno de los apartados que se refiere a esta normativa es el artículo 23 de la ley de 2015, que incluye la delimitación de la zona afectada tras las propuestas de los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior. Otro artículos a tener en cuenta en este tipo de situaciones son el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, que establece las medidas que se podrán adoptar cuando se declare una zona "afectada gravemente por una emergencia de protección civil".

La norma también señala que "se valorará que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia de este, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales".

El decreto del año 2015 establece que las CC.AA pueden informar sobre su opinión con respecto a la declaración de zona catastrófica, pero que la decisión última corresponda siempre al Gobierno Central y debe ser aprobado por el Consejo de Ministros. El Ayuntamiento de La Palma, tal y como le pasó hace unos meses al de Madrid con la llegada de Filomena, no podría declarar la zona catastrófica, pero sí Moncloa.