La Conferencia de las Partes (COP11) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco se celebrará del 17 al 22 de noviembre en Ginebra, y amenaza con marcar un giro radical en las políticas globales contra el tabaquismo. En esta cita, la OMS buscará que los países miembros adopten medidas mucho más restrictivas, que van desde la reducción de los puntos de venta y la eliminación de filtros de cigarrillos, hasta el fin de las ayudas al cultivo de tabaco y la introducción de restricciones por edad o generación.

La Unión Europea, que participa como bloque, ha confirmado que acudirá con una posición común alineada con las propuestas de la OMS, lo que anticipa tensiones en países del sur como España, Italia o Grecia, donde los estancos y la agricultura del tabaco tienen un gran peso económico y social.

Adiós a las ayudas al cultivo y al papel de los estancos

El documento técnico que servirá de base para el debate —el informe FCTC/COP/11/5— propone el fin de cualquier apoyo público a la producción de tabaco, en línea con el artículo 17 del Convenio Marco, que recomienda promover “actividades agrícolas alternativas”. Esta medida afectaría de lleno a Extremadura, donde se concentra el 98% del cultivo nacional y que da sustento a unas 20.000 familias.

El sector tabaquero español teme que la eliminación de subvenciones “desmantele el tejido agrícola sin ofrecer alternativas viables”, lo que, según la Interprofesional del Tabaco, “pondría en riesgo miles de empleos en zonas rurales”.

Otro punto especialmente sensible es la reducción de los puntos de venta. La OMS plantea limitar el número de estancos o licencias autorizadas para comercializar tabaco, una medida que —según el argumentario del sector— provocaría pérdidas masivas, devaluación de licencias y aumento del comercio ilícito.

España cuenta con 13.000 estancos, muchos de ellos negocios familiares que operan bajo concesión estatal y con licencias que pueden alcanzar los 150.000 euros. Su cierre forzoso, alertan los expertos, supondría “una disrupción económica sin precedentes” y favorecería el contrabando, que ya representa el 20% del consumo en ciudades como Sevilla o Málaga.

La prohibición de filtros divide a la comunidad científica

Otra de las propuestas que más polémica ha generado es la prohibición de filtros de cigarrillos, con el argumento de reducir su impacto ambiental. El informe de la OMS califica los filtros como “plásticos de un solo uso innecesarios y contaminantes”, pero organizaciones europeas advierten que la medida podría agravar los riesgos para la salud.

Los filtros fueron introducidos para reducir la inhalación de partículas sólidas y, según los detractores de la propuesta, su eliminación aumentaría la exposición a alquitrán y sustancias tóxicas, elevando el riesgo de cáncer y enfermedades respiratorias graves. Además, la prohibición chocaría con la legislación europea, que ya regula los filtros mediante la Directiva de Plásticos de un Solo Uso, basada en la responsabilidad ampliada del productor y no en la prohibición.

El peso económico de una industria en riesgo

Según los últimos datos, la industria del tabaco aporta 223.700 millones de euros al PIB de la UE, lo que equivale al 1,3% de la economía europea, y genera más de 2,1 millones de empleos directos e indirectos. Solo en impuestos especiales, los Estados miembros recaudan 112.900 millones de euros anuales, una cifra equivalente al 55% del gasto total en Defensa de la Unión.

El Consejo Europeo de Innovación en Políticas (EPIC) advierte de que eliminar esta industria sin ofrecer alternativas “provocaría desempleo masivo y un incremento del comercio ilícito, especialmente desde países no comunitarios”.

Un debate sin transparencia

La COP11 se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso a medios ni observadores externos. Los documentos oficiales solo se harán públicos una vez adoptadas las decisiones, lo que ha suscitado críticas por la falta de transparencia y debate democrático.

Mientras tanto, Bruselas ultima su posición común para apoyar las propuestas de la OMS, consolidando un frente regulador que podría cambiar el panorama del tabaco en Europa y, con él, la supervivencia de miles de negocios en España.

La postura de España en anteriores cumbres

España ha mantenido tradicionalmente una posición moderada y pragmática, alineada con la Unión Europea pero defendiendo sus intereses económicos y sociales frente a las propuestas más restrictivas. En la COP10 celebrada en Panamá en 2024, el Gobierno español ya manifestó su oposición a la prohibición total de filtros de cigarrillos, al considerar que la medida contradice la legislación europea, que regula los filtros a través de la Directiva de Plásticos de un Solo Uso mediante la responsabilidad ampliada del productor, sin exigir su eliminación.

También mostró su rechazo a poner fin a las ayudas al cultivo de tabaco, argumentando el fuerte impacto económico y laboral que tendría en Extremadura. La delegación española subrayó entonces que cualquier transición debía ser gradual y acompañada de alternativas económicas viables para el campo extremeño.

Otro de los puntos de fricción fue la reducción de puntos de venta, una medida que afectaría a los 13.000 estancos españoles. España defendió su papel como red controlada y segura para garantizar la trazabilidad de los productos y prevenir el comercio ilícito, que ya representa más del 20% del consumo en algunas zonas del país. En 2024, el contrabanco de cigarrillos provocó una pérdida fiscal de 263 millones de euros.

En conjunto, la posición española ha abogado por mantener un equilibrio entre la salud pública y la estabilidad económica, promoviendo la prevención, la reducción de daños y la regulación proporcional frente a las prohibiciones absolutas.