Imagen de archivo de los antidisturbios durante la marcha de la minería en Madrid. (EFE)



Un juzgado de instrucción de Valencia ha abierto juicio oral por lesiones a 20 policías de la unidad de la Unidad de Intervención Policial (UIP) tras observar en un vídeo presentado por la acusación de dos jóvenes donde se observa cómo dichos agentes “les golpearon sin causa aparente con las porras”.

La decisión, recogida por valenciaplaza.com, se refiere a los hechos ocurridos en la ciudad de Valencia durante las protestas de la huelga general del 14 de noviembre de 2012. El vídeo, grabado por un testigo con su móvil, muestra cómo dos jóvenes observaban desde la puerta de una tienda las protestas frente a la Jefatura Superior de Policía cuando el grupo de policía se dirige a ellos y les empieza a aporrear sin ni siquiera identificarles.

Esta es la primera vez que se abre juicio contra todos los componentes de una unidad de policías antidisturbios por su actuación durante unas protestas.

Débil defensa
La juez ha desestimado el recurso presentado por los 20 policías a través de la Abogacía del Estado y en el que pedía no abrir juicio oral alegando que “no habían sido identificados”. Desde el juzgado se considera que los gentes, que en ningún momento reconocieron los hechos, si considera a partir del vídeo que “algunos de esos agentes son perfectamente reconocibles pese a llevar un casco y pese a que ellos mismos han negado haber sido los que golpearon”.

La juez, no obstante, estima el recurso del fiscal por el que las lesiones serían constitutivas de una falta y no de un delito atendiendo a la gravedad establecida en el informe del médico forense.

Ley Mordaza
El vídeo que ha sido clave para llevar a cabo el juicio hubiese sido ilegal conforme se recogía en el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana presentado por el Gobierno del Partido Popular ya que mostraba a agentes de seguridad en el ejercicio de sus funciones.

La conocida como Ley Mordaza, aprobada con el voto en contra de toda la oposición, fue suavizada en su tramitación en el Parlamento ante las duras críticas recibidas y al final solo sancionará la toma de imágenes de los agentes cuando esté en peligro su seguridad, la de las instalaciones policiales o el éxito de una operación.