El Tribunal Constitucional estudiará a partir del 22 de junio una propuesta que estima la inconstitucionalidad del primero de los estados de alarma decretados por el Gobierno de Pedro Sánchez. La ponencia debatirá si las restricciones a la movilidad impuestas en los primeros meses de la pandemia en España eran propias de otros estados como el de excepción, según ha adelantado El Español y El Confidencial

El próximo pleno del Constitucional abordará uno de los asuntos más delicados que aguardan sobre la mesa: fijar doctrina sobre las restricciones de derechos fundamentales adoptadas en plena pandemia para luchar contra la expansión del coronavirus. El primero de los estados de alarma decretados por el Gobierno será objeto de la deliberación y el ponente de ésta será Pedro González-Trevijano, un controvertido magistrado, ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y afín al Partido Popular.

El juez está ultimando el borrador de su texto que expondrá ante el resto de magistrados a finales de este mes de junio. Según ha adelantado El Español y El Confidencial, la postura de Trevijano será la de declarar inconstitucional el estado de alarma que Pedro Sánchez decretó en marzo de 2020. 

Retrasos en el fallo

Los magistrados del Tribunal de Garantías responderán, tras escuchar las disquisiciones de Trevijano, al recurso presentado por Vox. El fallo se emitirá más de un año después de la conclusión de la excepcionalidad. El retraso se ha debido a motivaciones ajenas al sentido de la decisión. Según desvela El Confidencial, fuentes jurídicas señalan que esta ponencia recaía sobre Fernando Valdés, el magistrado que abandonó el Constitucional debido a la causa abierta en el Tribunal Supremo por un presunto delito de malos tratos contra su mujer. 

Valdés presentó su renuncia al Constitucional cuando ultimaba su ponencia y se encontraba pendiente de recibir la aprobación en un pleno inminente. Sin embargo, con la salida del magistrado, la cuestión pasó a manos de Trevijano, que desde entonces la ha estudiado. 

El polémico juez ha elaborado una propuesta propia que será, finalmente, la que estudie el pleno del próximo día 22 de junio. Desde el Constitucional aseguran que esta respuesta servirá para sentar las bases de cara a futuros escenarios que requieran la aplicación de un estado de alarma, pues hasta la fecha no existe jurisprudencia.

Las polémicas de Trevijano y su afinidad con el PP

Pedro González-Trevijano tiene una afinidad especial con el Partido Popular. De hecho, fue el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien en 2013 le buscó un hueco en el Tribunal Constitucional. Pero también estuvo salpicado por el polémico caso Máster, pues antes de su reubicación como magistrado del TC, Trevijano regía la Universidad Rey Juan Carlos.

Durante su etapa estudiantil ya coincidió con Gustavo Villapalos, un joven profesor que se convertiría en decano y rector de la Universidad Complutense y en amigo de Cristina Cifuentes y de Alberto Ruiz-Gallardón. De hecho, fue éste quien fundó en 1996 la Universidad Rey Juan Carlos y legó a Trevijano la rectoría del centro.

Desde 2002 y hasta 2013 ocupó el citado cargo en un periodo que no estuvo exento de irregularidades. En 2005 ganó las elecciones y, pese a que la universidad no permite sumar más de dos mandatos, en 2009 volvió a presentarse alegando que la medida fue aprobada mientras estaba en el cargo y adolecía de carácter retroactivo.

Durante su extenso mandato, por la URJC desfilaron todo tipo de políticos afines al Partido Popular. Desde la prima del ex alcalde de Madrid, Isabel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla, pasando por la hermana de Cristina Cifuentes, la sobrina del ex ministro Jaime Mayor Oreja o la cuñada del que fuera número tres de Esperanza Aguirre, Francisco Granados.

Vínculos conservadores aparte, eldiario.es publicó en 2018 una grabación en la que se acusaba al propio Trevijano de un intento de soborno durante sus años de rector de la URJC. Una carrera en el mundo universitario marcada por la polémica y que recibió el premio de una inclusión en el Tribunal Constitucional.