El Tribunal Constitucional ya ha marcado doctrina frente al confinamiento del mes de marzo de 2020. El Gobierno se valió de un instrumento (el estado de alarma) que limita derechos fundamentales para suspenderlos, según el fallo del TC. Se ha aprobado por una ajustada mayoría de seis a cinco tras la ponencia del polémico magistrado, Pedro González-Trevijano.
De esta manera, el TC esgrime que las restricciones a la movilidad impuestas en los meses de la primera ola trasngredieron la limitación de los derechos fundamentales, sino que se trató de una suspensión de los mismos más propias que otros estados, como el de excepción. Entre estas medidas se encuentra el confinamiento domiciliario.
El confinamiento amparado en el estado de alarma "limitaba" la libertad de circulación de las personas, indicando que éstas tan sólo podrían moverse por motivos recogidos por la normativa, como la compra de artículos de primera necesidad, las visitas médicas o motivos laborales. Agregaba que "cualquier desplazamiento" debería sustentarse en los preceptos exentos marcados por las autoridades sanitarias. La ponencia, particularmente, menta expresamente a las multas para declarar la inconstitucionalidad.
La sentencia, que se pronuncia al recurso presentado por Vox, no tumba la congruencia de estas medidas para frenar el avance del coronavirus. De hecho, las estima proporcionadas. Sin embargo, no comparte el modelo al que recurrió el Ejecutivo para promulgarlas. Insiste Trevijano en su ponencia y, por ende, el Constitucional al darle luz verde, que la figura del estado de excepción encajaba mejor para luchar contra la Covid-19, pues este supone un paso más en la restricción de derechos fundamentales.
Retrasos en el fallo
El fallo se ha emitido con más de un año de retraso tras la conclusión de la excepcionalidad. La demora se explica mediante motivaciones ajenas al sentido de la decisión. Según desveló El Confidencial, fuentes jurídicas indicaron que esta ponencia recaía sobre Fernando Valdés, el magistrado que abandonó el Constitucional debido a la causa abierta en el Tribunal Supremo por un presunto delito de malos tratos contra su mujer.
Valdés presentó su renuncia al Constitucional cuando ultimaba su ponencia y se encontraba pendiente de recibir la aprobación en un pleno inminente. Sin embargo, con la salida del magistrado, la cuestión pasó a manos de Trevijano, quien la ha escudriñado desde entonces hasta su aprobación este miércoles.
Las polémicas de Trevijano y su afinidad con el PP
Pedro González-Trevijano tiene una afinidad especial con el Partido Popular. De hecho, fue el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien en 2013 le buscó un hueco en el Tribunal Constitucional. Pero también estuvo salpicado por el polémico caso Máster, pues antes de su reubicación como magistrado del TC, Trevijano regía la Universidad Rey Juan Carlos.
Durante su etapa estudiantil ya coincidió con Gustavo Villapalos, un joven profesor que se convertiría en decano y rector de la Universidad Complutense y en amigo de Cristina Cifuentes y de Alberto Ruiz-Gallardón. De hecho, fue éste quien fundó en 1996 la Universidad Rey Juan Carlos y legó a Trevijano la rectoría del centro.
Desde 2002 y hasta 2013 ocupó el citado cargo en un periodo que no estuvo exento de irregularidades. En 2005 ganó las elecciones y, pese a que la universidad no permite sumar más de dos mandatos, en 2009 volvió a presentarse alegando que la medida fue aprobada mientras estaba en el cargo y adolecía de carácter retroactivo.
Durante su extenso mandato, por la URJC desfilaron todo tipo de políticos afines al Partido Popular. Desde la prima del ex alcalde de Madrid, Isabel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla, pasando por la hermana de Cristina Cifuentes, la sobrina del ex ministro Jaime Mayor Oreja o la cuñada del que fuera número tres de Esperanza Aguirre, Francisco Granados.
Vínculos conservadores aparte, eldiario.es publicó en 2018 una grabación en la que se acusaba al propio Trevijano de un intento de soborno durante sus años de rector de la URJC. Una carrera en el mundo universitario marcada por la polémica y que recibió el premio de una inclusión en el Tribunal Constitucional.
