La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha propinado un duro revés al Partido Popular y a Vox, rechazando los recursos de sendos partidos contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Los cinco magistrados que han votado a favor de la inadmisión entienden que existe una falta de legitimidad activa de ambas formaciones. Dos de los siete miembros de la sala han respaldado a los dos fuerzas políticas y emitirán sendos votos particulares.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha adoptado esta decisión sujetándose en una falta de legitimación activa conservadores y ultraderechistas. La Abogacía del Estado había alegado que sendas formaciones carecían de legitimidad para impugnar la designación de Delgado como fiscal General del Estado. 

La decisión llega después de que el tribunal optara por mantener el asunto sobre la mesa tras inadmitir en un primer momento la pretensión de la Abogacía del Estado.

En sus alegaciones, la Abogacía del Estado señalaba que el Supremo ni siquiera debería entrar a resolver sobre el fondo de esta cuestión porque "la invocación de la libertad individual, el Estado de Derecho, el imperio de la Ley, la independencia de la Justicia y el sistema democrático, que hace el partido político recurrente --el PP en ese caso--, no confiere ningún título que legitime la interposición del presente recurso contencioso administrativo". Ahora, la postura de los servicios jurídicos del Estado se ve respaldada por la decisión de la Sala.

Por el contrario, PP y Vox entendían lo contrario, pues alegaron que los designios de la máxima responsable del Ministerio Público pueden incidir directamente sobre ellos, por lo que se consideran con derecho a impugnar la elección de la ex ministra de Justicia. "La designación incorrecta del fiscal general del Estado es susceptible de afectar a sus funciones respecto a los diferentes procedimientos judiciales", explicó el PP en su alegato. 

Los conservadores tildaron el nombramiento de Delgado como "fraude constitucional", rimando con los términos vertidos por la formación de ultraderecha, quienes entendían como "improcedente y contraria al derecho" la designación tras abandonar el Ministerio de Justicia.