Nuevo varapalo judicial para el Ejecutivo madrileño. El Tribunal Supremo ha desmontado la estrategia de Isabel Díaz Ayuso para paralizar el traslado de menores extranjeros no acompañados y ha advertido de que hacerlo supondría mantenerlos en condiciones de hacinamiento “gravemente perjudiciales”.
El alto tribunal ha rechazado la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid para suspender hasta doce actos administrativos que permitían el traslado a la región de menores migrantes procedentes de Ceuta y Canarias. En un auto contundente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo no solo descarta los argumentos jurídicos del Gobierno madrileño, sino que sitúa en el centro de su razonamiento el interés superior del menor y el impacto real que tendría la paralización de estos traslados sobre niños y adolescentes que ya se encuentran en sistemas de acogida desbordados.
El auto explica que los actos recurridos fueron dictados por las oficinas de extranjería dependientes de la Delegación del Gobierno en Ceuta y de las Subdelegaciones del Gobierno en Canarias, y que se limitan a iniciar procedimientos administrativos de traslado. Frente a ello, el Ejecutivo de Comunidad de Madrid había optado por una vía jurídica excepcional: la denominada “vía de hecho”, con la que acusaba al Gobierno de España de actuar sin una norma previa que fijara el número exacto de menores que debía acoger cada comunidad autónoma.
El Tribunal Supremo rechaza de plano este planteamiento. Los magistrados recuerdan que la vía de hecho solo puede aplicarse frente a actuaciones materiales de la Administración realizadas al margen de cualquier procedimiento, algo que no concurre en este caso. Los actos impugnados, subraya el tribunal, son “formales, de mero trámite” y se limitan a poner en marcha un procedimiento administrativo, por lo que no cabe su suspensión cautelar por esta vía.
El coste humano, la línea roja que marca el Supremo
Pero más allá del debate técnico-jurídico, el Supremo pone el acento en las consecuencias prácticas de la petición de Madrid. Suspender los traslados, advierte, causaría “graves daños” a los menores afectados. El tribunal recuerda que en un auto previo, dictado en marzo de 2025 en otro procedimiento, ya constató que los menores extranjeros no acompañados en Canarias se encontraban en un “notorio estado de hacinamiento”, una situación “en abierta incompatibilidad con el superior interés del menor”, que los poderes públicos están obligados a salvaguardar.
“Si ahora acordamos la suspensión de las disposiciones tomadas por la Administración del Estado con el propósito de evitar esta situación, no solo caeríamos en contradicción con nuestra anterior resolución, sino que facilitaríamos el mantenimiento de unas circunstancias que ya hemos considerado gravemente perjudiciales para los menores”, señalan los magistrados en un mensaje que desautoriza directamente la estrategia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
El auto también contextualiza la dimensión del problema migratorio. Los jueces recuerdan que la declaración de situación de contingencia migratoria extraordinaria en Ceuta y Canarias implica que se ha superado hasta tres veces la capacidad ordinaria de sus sistemas de protección de menores. Una presión excepcional que ha obligado a estas comunidades a destinar recursos extraordinarios y que, según el Supremo, justifica la adopción de medidas de redistribución hacia otros territorios.
En este punto, el tribunal subraya que no puede ignorarse “la incidencia que en las Administraciones autonómicas ha tenido la entrada excepcional de menores en un corto periodo de tiempo”. Mantenerlos en las comunidades de llegada, añade, supondría prolongar una situación de colapso asistencial que ya ha sido calificada como lesiva para los derechos de los menores.
La fallida ofensiva judicial de Ayuso
El rechazo del Supremo culmina un largo recorrido judicial emprendido por la Comunidad de Madrid para tratar de bloquear el reparto de menores migrantes. Desde que el Gobierno central activó los mecanismos de traslado para aliviar la presión sobre Ceuta y Canarias, el Ejecutivo de Ayuso ha recurrido a distintas instancias judiciales con el objetivo de frenar su acogida en la región. Primero fueron recursos administrativos y contenciosos contra las decisiones del Estado; después, solicitudes de medidas cautelares para suspender los traslados de forma inmediata.
En todas estas fases, la Comunidad de Madrid ha sostenido que el Gobierno actuaba sin una cobertura normativa suficiente y que la región no podía verse obligada a asumir una acogida que, según su argumentación, debía regularse mediante un reparto previamente pactado. Sin embargo, estas tesis han ido chocando una y otra vez con resoluciones judiciales que han avalado la actuación del Estado y han recordado las obligaciones de las comunidades autónomas en materia de protección de menores.
El auto del Supremo supone así el punto final —al menos por ahora— a esta ofensiva judicial. El alto tribunal concluye que “no son apreciables las condiciones necesarias para suspender la ejecución de los actos de iniciación de los procedimientos objeto del recurso”, cerrando la puerta a la paralización cautelar que perseguía el Ejecutivo madrileño.
Desde una perspectiva política, la resolución representa un nuevo revés para la estrategia de confrontación de Ayuso en materia migratoria. La presidenta madrileña ha convertido el rechazo al reparto de menores en una de sus banderas discursivas frente al Gobierno central, en línea con una retórica dura que ha encontrado eco en sectores conservadores y de extrema derecha. Sin embargo, el Supremo deja claro que esa confrontación tiene límites jurídicos y que, cuando están en juego derechos fundamentales de menores, la prioridad no puede ser otra que su protección.
El fallo también refuerza la idea de corresponsabilidad territorial ante situaciones de emergencia migratoria. Frente a la pretensión de Madrid de desentenderse de los traslados, el tribunal recuerda que el colapso de los sistemas de acogida en Ceuta y Canarias no es un problema local, sino una cuestión de Estado que exige respuestas solidarias y coordinadas.
