La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que recurrirá al Tribunal Supremo el nuevo decreto estatal de reparto de menores inmigrantes no acompañados (personas mal conocidas como MENAS) por “vulnerar competencias autonómicas”, según fuentes de Sol, que aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros.
Así lo ha confirmado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico.
El recurso se produce después de los dos anteriores presentados por la Administración autonómica: el primero contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo y el segundo, contra el Decreto de desarrollo aprobado en la misma línea en Consejo de Ministros el 22 de julio.
El primero de ellos fue impugnado por la Comunidad de Madrid y otras diez autonomías ante el Tribunal Constitucional por “invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, falta de justificación de urgencia y utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas”.
El segundo de ellos solamente lo presentó la región madrileña el pasado 30 de julio ante el Tribunal Supremo contra la normativa aprobada por el Ejecutivo central el 22 de julio que regula las medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias, y cuyo informe de la Abogacía General de la Comunidad ha sido remitido en las últimas horas al Consejo de Gobierno madrileño.
La Comunidad de Madrid también ha exigido al Gobierno central por diferentes vías la remisión urgente de la información utilizada para elaborar el reparto forzoso de menores no acompañados entre las distintas regiones, salvo País Vasco y Cataluña, al considerarlo arbitrario, opaco y discriminatorio.
Gestión de Patricia Peinado
El asunto migratorio ha sido uno de los que ha marcado la agenda política en los últimos meses a tenor de episodios concretos como el de Torre Pacheco (Murcia), alentados por Vox y con el beneplácito del PP.
Dentro de la región capital, Ayuso ha vuelto a erigirse como una de las principales críticas con el sistema del Estado en cuanto a reparto de personas migrantes se refiere; un punto que encuentra en Pozuelo de Alarcón uno de los puntos candentes dentro de la Autonomía.
Aquí a inicios de la época estival el Ejecutivo decidió trasladar a 400 menores migrantes solicitantes de asilo desde Canarias al Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade), al municipio que en este punto gestiona por localización la hija del juez Juan Carlos Peinado, Patricia Peinado.
La hija del magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se encarga de un tiempo a esta parte de la Zona Sur, donde se sitúa este centro.
Las reubicaciones, el próximo 28 de agosto
Esta semana el Consejo de Ministros aprobaba de manera definitiva que el próximo 28 de agosto comiencen las reubicaciones de cerca de 4.000 menores migrantes que se encuentran en Canarias, lo que ha encontrado la respuesta de varios gobiernos principalmente del PP
El criterio que fija el Ejecutivo es que cada región debe cumplir una ratio de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Sira Rego, titular de Juventud e Infancia indicaba que a partir de este momento “está todo dispuesto para iniciar los traslados de acuerdo con el protocolo establecido”.
El Gobierno defendió el trámite como “un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada que llega a nuestro país”.
En el Real Decreto del Boletín Oficial del Estado (BOE) no se especifica cómo será la distribución de alrededor de 3.000 menores pero, según el cálculo realizado por el Gobierno el pasado julio, las regiones que más jóvenes tendrán que acoger serán Andalucía (677), Madrid, (647) y Valencia (571).
Le seguían en la lista Castilla-La Mancha, con 320; Galicia, con 317; Aragón, con 251; La Rioja, con 205; Castilla y León, con 197; Extremadura, con 159; Cantabria, con 156; Asturias, con 144; Región de Murcia, con 133; Navarra, con 118 e Islas Baleares con 49.
