El Real Madrid ha presentado un recurso contra el auto del magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que inadmitió la querella contra la Liga Nacional de Fútbol Profesional y su presidente, Javier Tebas, por delitos societarios en relación con los criterios de reparto de los ingresos obtenidos por la comercialización y explotación de los derechos audiovisuales de los partidos de fútbol. De hecho, el club blanco se querelló contra Tebas por delitos de corrupción en los negocios, administración desleal cualificada, apropiación indebida agravada, acuerdos abusivos. Es más, llegó a solicitar medidas cautelares contra el Madrid a los que se opuso la Fiscalía y que el juez tampocó otorgó. La Sección Tercera de la Audiencia Nacional será la encargada de analizar y dirimir lo denunciado por el Real Madrid.

La querella del Real Madrid se interpuso contra el acuerdo aprobado a finales de julio por el órgano de Control de los Derechos Audiovisuales, fue ratificado el 4 de agosto por la Junta de Primera División de la Liga de Fútbol Profesional, que fijaba los criterios de reparto de los ingresos obtenidos por la explotación y comercialización audiovisual relativos a implantación social. Según el Real Madrid, dichos acuerdos tenían una naturaleza defraudatoria por cuanto constituían una disposición arbitraria de los citados derechos, “específicamente orientada a perjudicar económicamente al Real Madrid”. Ello estaría motivado, según la querella, por la enemistad que desde mediados de 2021, “viene mostrando contra este club el presidente de la Liga Javier Tebas Medrano” por su oposición al proyecto la Liga Impulso y la iniciativa de crear la Superliga.

La inadmisión

Sin embargo, Calama archivó la causa el pasado septiembre con un auto en el que le recordaba al club blanco que, el acuerdo de La Liga tuvo tan solo un voto en contra, y que el reparto no se ajuste a las expectativas 'legítimas' del Real Madrid “no significa que sea abusivo en términos penales”. En este sentido, el magistrado reprocha al club de intentar construir “una versión conspirativa contra sus intereses”.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro analizó los hechos descritos en la querella, concluyendo que no tienen encaje en el Código Penal y descartando los delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción en los negocios y delito de imposición de acuerdos abusivos que venían incluidos en el escrito del club madridista.

La resolución recordaba que el acuerdo recurrido se adoptó por una mayoría significativa y que, como se ha dicho anteriormente, el hecho de que el reparto acordado no se ajuste a las legítimas expectativas de la parte querellante “no significa que sea abusivo en términos penales, pues las discrepancia entre posiciones minoritarias y mayoritarias no solamente es un supuesto harto frecuente en la práctica, si no que ese 'juego de las mayorías' no puede indefectiblemente asimilarse a las nociones de abuso, de lucro, de perjuicio y de ausencia de beneficio social (que es lo que requiere el tipo de injusto) so pena de dar entrada en el ámbito punitivo cualquier acuerdo que para la minoría resultase una contrariedad”.

El auto añadía que el acuerdo alcanzado solo obtuvo un voto en contra y que si bien la querellante es uno de los grandes clubs de la Liga de Fútbol no es el único de tales características, por lo que resulta difícil entender, dice, que perjudique al Real Madrid pero no perjudique al mismo tiempo a otros equipos de igual entidad y, por ende, con iguales intereses, que no votaron en contra.

El escrito del juez inadmitía la querella pero agregaba que el ordenamiento jurídico contiene un abundante cuerpo normativo extrapenal que regula la vida y funcionamiento de las sociedades mercantiles y que dentro de la vía civil y administrativa existen mecanismos de control y reparación de los posibles daños que pudieran derivarse de un incorrecto y abusivo comportamiento de los órganos de estas sociedades. 

En definitiva, concluía Calama, “nos encontramos ante unas tensas relaciones entre los distintos titulares y beneficiarios de los millonarios derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, que en la última temporada ascendieron a 1.837.445.000 euros, a resolver en el ámbito de la jurisdicción civil o contencioso-administrativo”. Ahora será la Sección Tercera de la Audiencia Nacional quien el próximo día 20 de octubre decida sobre si Calama debe o no admitir la querella e investigar lo denunciado por el Real Madrid.