Clara Ponsatí no ha acudido este lunes al Tribunal Supremo con la que tenía una cita a las 11.00 horas con el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Su abogado, Gonzalo Boye, ha defendido que “no sé si está de camino a Bruselas o ya en Bruselas” en una entrevista con TV3 en la que ha incidido en que la eurodiputada y exconsejera catalana “tiene trabajo” en el Parlamento Europeo. La eurodiputada también ha comunicado su ubicación al publicar un tuit con unas imágenes en las que comenta que “llueve en Flandes”. La reunión de Llarena con Ponsatí estaba prevista para que el magistrado comunicase su procesamiento por un delito de desobediencia tras el referéndum de independencia de Cataluña de 2017.
La consellera del Govern regresaba a las calles de Barcelona tras haber residido cinco años en Bélgica y Escocia. Lo hacía a través de la frontera con Francia y se exponía a ser detenida y llevada ante el juez Pablo Llarena, a pesar de su inmunidad por su posición en el Parlamento Europeo. A Ponsatí no se le puede reclamar el delito de sedición tras su derogación por la reforma del Código Penal que impulsó el Gobierno central y que el magistrado todavía pretende comunicar su procesamiento, tomar declaraciones y continuar así con el procedimiento penal, paralizado por el momento.
Plou a Flandes. pic.twitter.com/UCvcSmgF9d
— Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) April 24, 2023
Tras su regreso, Ponsatí fue arrestada por los Mossos d’Esquadra en la Catedral de Barcelona tras identificarse como eurodiputada y asegurando que tiene inmunidad. “Soy eurodiputada y tengo inmunidad en toda la UE, solo en España no se me reconoce”, aseguraba tras la detención. La consellera reafirmaba que volvía a Cataluña para “plantar cara” y que “no he venido a hacer ningún pacto con el Estado, sino a denunciar la vulneración sistemática de nuestros derechos, la pasividad de las instituciones catalanas y la necesidad de que las instituciones europeas dejen de mirar hacia otro lado”, reivindicaba en el que también recalcaba que el juez Larrena “no es competente” en su caso y que en caso de ser arrestada se “atendrá a las consecuencias”.
La defensa de Ponsatí
Llegadas las 11.00 horas, Ponsatí no ha comparecido en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Su defensa avanzaba sobre “el hecho notorio” de las comisiones de Industria, Investigación y Energía y la de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo eran “incompatibles con cualquier compromiso de cualquier índole a cientos de kilómetros de Bruselas”. También insiste, en el escrito recogido por Europa Press, que “una vez iniciado el procedimiento de amparo de los privilegios e inmunidades” de Ponsatí, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) “obliga al magistrado instructor a suspender el procedimiento judicial de conformidad con el principio de cooperación legal” para “dejar sin efecto la citación”.
Boye defiende que el TJUE "obliga al magistrado instructor a suspender el procedimiento judicial de conformidad con el principio de cooperación legal" para "dejar sin efecto la citación
Boye también ha alegado que “están pendientes de resolución diversos recursos que corroboran la ilegalidad del presente procedimiento, la vulneración de distintos derechos fundamentales y que acreditan que ni el magistrado instructor ni la de esta Sala de lo Penal del TS son el tribunal establecido previamente por la ley”. Fuentes jurídicas consultadas por el anterior diario también mencionan que “este plantón” podría “reactivar la orden de detención nacional y la declaración de rebeldía”. Si bien, otro escenario podría atender a una segunda oportunidad por parte de Llarena para que compareciere Ponsatí en una nueva fecha.
El "plantón" de Ponsatí podría "reactivar la orden de detención nacional y la declaración de rebeldía"
En el caso de que la exconsejera acudiese a la Sala para tomar declaración, podría seguir los pasos de las exdiputadas de la Candidatura de la Unidad Popular (CUP) en el Parlament, Anna Gabriel y la exconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret. Ambas declaraban frente a la Sala y quedaban en libertad o cerrando la investigación. Pero la situación de Ponsatí es distinta debido a su condición como eurodiputada en la que la exconsejera tendría que comparecen ante el Tribunal Supremo, a no ser que Ponsatí deje su cargo antes de se abra juicio oral.
El pasado 12 de enero entraba en vigor la reforma penal que derogaba la sedición y modificaba la malversación obligando a Llarena a revisar el procesamiento de los procesados declarados en rebeldía, Carles Puigdemont, Antonio Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Marta Rovira. La exconsejera estaba acusada por desaparición de delito de sedición, penado por entonces entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación. Pero la reforma sustituía las penas por sedición a las de desobediencia, con una multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años.
