Caminando por Barcelona, rodeada de cámaras, con compañeros y recibiendo un sinfín de aplausos y vivas al procés tras dar una rueda de prensa y promocionar su vuelta en redes sociales. Así es como Clara Ponsatí, exconsellera d’ Educació del Govern de Carles Puigdemont y actual eurodiputada de Junts per Catalunya, fue detenida por los Mossos d’Esquadra frente a la plaza de la Catedral mientras mostraba frente a los flashes su carné de europarlamentaria en su primer acto de defensa en suelo español. Defienden los independentistas fugados de la Justicia que la inmunidad que le otorga el cargo que actualmente desempeña es suficiente para librarse de las garras del Supremo, por lo que a partir de ahora, y después de que el juez Llarena la dejase en libertad y la citase a declarar el próximo 24 de abril, se abre una nueva guerra judicial en la que Ponsatí será el objetivo y Puigdemont el principal interesado.

No tardó la exconsellera en poner las cartas sobre la mesa. Su vuelta es una nueva afrenta al Estado español, al Gobierno de Pedro Sánchez y a ERC, a quien acusan de desmovilizar al electorado independentistas con continuos pactos con el Ejecutivo central. Frente a ella, Oriol Junqueras, quien, pese a su currículum en la cárcel, sigue teniendo que paliar con las críticas de aquellos que optaron por refugiarse en el extranjero y huir de la Justicia. Junqueras indicó que si Ponsatí podía pisar suelo español era gracias a la reforma del Código Penal pactada por los republicanos y el Gobierno; Ponsatí respondió: “Ellos y sus superiores sabrán si una orden de detención a una eurodiputada, que tiene inmunidades, es una cosa que deban ejecutar o no”.

Además, la exconsellera, que ha indicado que este mismo miércoles volverá a Bruselas para participar en el pleno del Parlamento Europeo, exclamó su voluntad de seguir luchando para desmontar la estrategia de acoso y derribo del Estado español y la represión constante de la que, dicen, han sido víctimas. "No he venido a hacer ningún pacto con el Estado, sino a denunciar la vulneración sistemática de nuestros derechos, la pasividad de las instituciones catalanas y la necesidad de que las instituciones europeas dejen de mirar hacia otro lado", reivindicaba en una rueda de prensa que fijaba a Gobierno y Govern como los dos adversarios más reconocibles.

Ponsatí, que reconocía que la persecución personalizada sobre su persona había disminuido, especificaba que su vuelta escondía una motivación clara: denunciar la persecución constante hacia el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig: “Yo vuelvo en parte para visibilizar más intensamente su combate".

Eso sí, una lucha algo más tranquila de lo que hubiese sido en otro tiempo, ya que como ella misma ha reconocido, como su delito es el de desobediencia, “no comporta prisión”. Algo que no han dudado en promocionar desde los perfiles institucionales de ERC y de sus portavoces. Uno de los más interesados en ganar este relato ha sido el portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, retuiteando mensajes de cargos de la formación republicana como el siguiente: “Estoy orgulloso de que mi partido haya jugado un papel decisivo para disminuir los efectos de la represión sobre algunos de los exiliados, a los que se les ha abierto una vía segura de regreso. Defender los derechos fundamentales de todos, siempre. Por muchas diferencias que haya”.