Clara Ponsatí, eurodiputada y quien fuera consellera del Govern de Puigdemont en Cataluña, ha vuelto este martes a España, concretamente a Barcelona, después de haber residido durante cinco años en Bélgica y Escocia. 

Según ha adelantado la ACN (Agencia Catalana de Noticias), Ponsatí ha llegado este martes a Cataluña a través de la frontera con Francia, todo ello años después del referéndum del 1 de Octubre de 2017.

Ahora, con su regreso, se expone a ser detenida y llevada ante el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo, pese a que conserva -de forma cautelar- su inmunidad debido a su posición en el Parlamento Europeo y porque ya no se le puede reclamar por el delito de sedición tras su derogación por la reforma del Código Penal que impulsó el Gobierno central.

En una rueda de prensa convocada a su llegada a Cataluña, Ponsatí se ha pronunciado en los siguientes términos: "No he venido a hacer ningún pacto con el estado, sino a denunciar la vulneración sistemática de nuestros derechos, la pasividad de las instituciones catalanas y la necesidad de que las instituciones europeas dejen de mirar hacia otro lado", ha reivindicado. A la par, ha puntualizado que, a su juicio, el juez Llarena "no es competente" en su caso aunque, en caso de ser arrestada se "atendrá a las consecuencias", al igual que ha hecho en Europa. 

A la par, la exconsellera del Govern catalán ha tildado de "vergonzosa" la manera en la que el Parlamento Europeo ha tratado su inmunidad: "Soy eurodiputada y tengo inmunidad en toda la Unión Europea, sólo en España no se me reconoce", ha insistido. 

En respuesta a las preguntas de la prensa, Ponsatí también asegura que seguirá siendo eurodiputada, aunque mantiene su deseo de permanecer en su ciudad, Barcelona, si el juez le da la libertad para hacerlo. 

Procesada por desobediencia 

Por este motivo, Ponsatí está actualmente procesada por desobediencia, delito por el que no cabe pena de cárcel, por lo que solo se le impone la inhabilitación. Llarena también ha descartado procesarla, por ahora, por el nuevo tipo agraviado de desórdenes públicos, pese a que lo pidieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado.  

Llarena precisó hace una semana atrás que la detención de Ponsatí “se limitará al tiempo estrictamente indispensable” únicamente para que declare ante el juez, siguiendo así los pasos de la exconsellera Meritxell Serret y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel. Asimismo, el juez del Supremo aseguró que retrasar su arresto supondría “dificultades para compensar la duración de la detención con la pena que en su día pudiera recaer”.

Marlaska asegura que "se adoptarán las medidas que sean oportunas"

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preguntado sobre si Ponsatí será detenida tras su vuelta a España, ha asegurado que “se adoptarán las medidas que sean oportunas y siempre conforme al criterio y a la orden que establezca la autoridad judicial a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

“Será la autoridad judicial la que tenga que establecer los criterios de actuación en todo momento y, evidentemente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan como policía judicial bajo las órdenes de la misma”, ha añadido Grande-Marlaska en los pasillos del Senado.

Reacciones políticas al regreso de Ponsatí

Debido a la relevancia que supone a nivel judicial y político en Cataluña su vuelta, las reacciones no han tardado en llegar. Desde JxCat, expresan su “pleno apoyo”, en palabras de Jordi Turull. Asimismo, apuntan a que su decisión de volver a España está “enmarcada en el ámbito de la confrontación inteligente”.

Desde la CUP, también han mostrado su apoyo a la eurodiputada: "Todo el apoyo a Clara Ponsatí. Ante cualquier intento del Estado de reprimirla, ahí estaremos", ha esgrimido Xavi Palli. 

 

Cronología de los hechos desde el 1-O

Cabe retrotraerse en el tiempo hasta unos meses antes del referéndum de independencia de Cataluña de 2017, cuando Ponsatí fue nombrada consellera de Educación del Govern de Carles Puigdemont, por lo que se convirtió en la encargada de la apertura de las escuelas reconvertidas en la ocasión como colegios electorales.

Posterior a la polémica votación, la eurodiputada puso rumbo a Bélgica sin vistas de retorno temprano. Fue allí donde recibió la primera orden de detención europea de la Audiencia Nacional, acusándola así de cometer un delito de rebelión. Sin embargo, ésta se retiró a comienzos de 2018.  Después, Ponsatí se instaló en Escocia, donde ejerció como catedrática de Economía y Finanzas de la Universidad de Saint Andrews.

Debido a su larga estancia en este país, fue allí donde recibió la segunda y tercera orden de detención firmada por Llarena, aunque esta última era por delito de sedición, ya que el Tribunal Supremo la cambió para que concordarse con la sentencia de la causa del ‘procés’ en noviembre de 2019 y por la que Ponsatía se enfrentaba a una década en prisión.

Ya en 2020, Ponsatí ingresó como diputada en el Parlamento Europeo por Junts debido a la redistribución interna que se produjo por el Brexit y la salida de los miembros británicos de la Cámara. Motivo por el que el tribunal de Edimburgo clausuró el caso de extradición en agosto del año siguiente, considerando así que ya no estaba bajo su jurisdicción y, por ende, su proceso judicial debía resolverse en suelo español.

Ahora, con la reforma del Código Penal español, el Supremo solo ha tenido que rehacer la orden de detención por un delito de desobediencia y que hace inviable una euroorden contra ella.

Cabe recordar también que Ponsatí goza de una inmunidad europarlamentaria provisional y cautelar que le concedió el Tribunal de Justicia de la UE en mayo de 2022, aunque aún queda por resolver la demanda que impuso la eurodiputada junto con Puigdemont contra el Parlamento Europeo, organismo que les retiró la protección.