El tiempo apremia para el juez Juan Carlos Peinado. La jubiliación está a la vuelta de la esquina para el magistrado, que soplará 72 velas el próximo 27 de septiembre. Ello significa dos cosas: en primer lugar, que los plazos han de acelerarse significativamente en la instrucción contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, si el togado quiere llegar a alguna parte a la que no haya llegado ya en los dos años que viene durando el caso, y en segundo lugar, que las investigaciones que tiene pendientes en el CGPJ podrían archivarse si no se resuelven antes de su jubilación. La retirada en la carrera judicial se da a los 70 años, pero se puede exigir un máximo de dos años de prórroga, a los que optó Peinado. El 27 de septiembre de 2026, el juez tendrá que colgar el hábito y dejar en herencia el Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid.
Al juez Peinado le han vuelto a entrar las prisas con Gómez y, a través de un auto dictado el pasado viernes, ha insistido en llevarla ante un jurado popular si llega a juicio. De esta manera, el magistrado desoye la decisión que tomó la Audiencia Provincial que anuló sus anteriores intentos, alegando falta de motivación y argumentación. De esta forma, el instructor llama a declarar a Gómez el próximo 1 de abril a las 12:00 horas, coincidiendo con la Semana Santa. En un auto de 47 páginas, el titular del Juzgado número 41 de Plaza Castilla que mantiene la investigación sobre la mujer de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, acuerda la acumulación conjunta de la investigación de los hechos en una pieza separada por un “hipotético delito de malversación de caudales públicos” contra Gómez y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
En este sentido, Peinado asevera que la asesora de Gómez "era percibida por terceros no como una asistente protocolaria" de la mujer de Sánchez, sino como una "persona integrada en el equipo de trabajo de la cátedra" y del proyecto vinculado al 'software'. El auto, cuyo objetivo, dice Peinado, no es "anticipar un hipotético auto de apertura de juicio oral o sobreseimiento" sino "verificar la verosimilitud" de los hechos investigados, desliza que Gómez, valiéndose de su condición de esposa de Sánchez, pudo escribir cartas "sugiriendo, directa o indirectamente, la adjudicación de concursos públicos" para presuntamente "beneficiar" al empresario Juan Carlos Barrabés, el tercer investigado en esta causa. Todo ello, deprisa y corriendo mientras el juez espera a soplar las velas y a ver cuál es el destino que corren sus denuncias disciplinarias antes de colgar para siempre la toga a finales de septiembre.
El tiempo se acaba para todos
Mientras llega el infame día, 27 de septiembre, para el que quedan apenas seis meses, el magistrado aún tiene por delante tres denuncias disciplinarias en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras esquivar una denuncia por prevaricación, Peinado se enfrenta ahora a tres propuestas de sanción que están en la mesa del promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ. La primera la presentó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, otra de las dianas habituales de las maniobras del juez. El Tribunal Supremo ya dio un varapalo a Peinado en su empeño de imputar al ministro. En ese proceso, Bolaños fue sometido a un interrogatorio como testigo en el que, a su juicio, el juez se excedió en sus responsabilidades.
La otra posible sanción que amenaza a Peinado tiene que ver con la causa contra el Ayuntamiento de Madrid que dejó caer. Un error del magistrado provocó el archivo del caso, en el que el consistorio de José Luis Martínez-Almeida estaba acusado de prevaricación en la adjudicación de un contrato de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) a OkDiario. Más Madrid denunció al consistorio por esta licitación "a dedo", cerrada por más de 72.000 euros, y por la que el diario digital de Eduardo Inda organizó charlas de movilidad sostenible en "precampaña" electoral.
Peinado presentó la prórroga contra el gerente de la EMT, Alfonso Sánchez Vicente, fuera de plazo, lo que provocó el archivo de la causa. Esto ocurrió en julio de 2025, y ahora el juez se enfrenta a dos propuestas de sanción por este motivo. Por un lado, Más Madrid presentó un escrito ante el CGPJ, en el que pedían suspender a Peinado durante seis meses por una "dejación de funciones". En el mismo sentido que la formación que dirige Rita Maestre, el diputado socialista Guillermo Hita también solicitó medidas al Poder Judicial.
La jubilación puede jugar a su favor
Con este telón de fondo, la Comisión Permanente del CGPJ, que dirige Isabel Perelló, tiene ahora que decidir si obliga a su órgano de Acción Disciplinaria a revisar estas denuncias, que el promotor apuesta por archivar. En el caso de la de Bolaños, argumenta que el tono de Peinado en el interrogatorio, que estuvo cargado de tensión, está dentro de la jurisdicción y de las competencias del juez, y descarta la sanción propuesta porque vulneraría, en sus palabras, la independencia judicial. En la doble denuncia por la presunta "dejación de funciones" al dejar morir la causa contra el Ayuntamiento de Almeida, el promotor también apuesta por el archivo. Sin embargo, la Comisión Permanente del CGPJ tiene la última palabra, y podría obligar a Acción Disciplinaria a revisar su criterio, como ocurrió recientemente con la denuncia al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, por sus insultos a la exministra Irene Montero.
Aún no hay fecha, según fuentes del Congreso General del Poder Judicial, para encargarse de este caso, y la dilación en el tiempo y la proximidad de su jubilación podrían jugar a su favor. Apenas seis meses distan de su retirada, que tendrá que llegar antes del 27 de septiembre, y si los tres expedientes llegan a ese día sin resolverse, deberán cerrarse. En el Poder Judicial la sensación es que los expedientes no van a quedar resueltos antes de que Peinado se jubile, por lo que previsiblemente se librará de toda sanción.
