La Fiscalía Europea lleva tres meses ultimando un informe sobre el empresario Juan Carlos Barrabés. El órgano europeo estudia si el empresario recibió o no trato de favor en la adjudicación de contratos públicos por importe de 8,4 millones de euros.
La investigación ha recaído sobre el juez de garantías de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, quien ha obligado a los fiscales a que admitan la petición de Barrabés y amplíen una pericial que comenzó un perito de Hacienda el pasado mes de agosto en la que detectó “irregularidades” en las adjudicaciones de Red.es.
Según adelante este martes El País, el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional ha admitido un recurso interpuesto por la defensa del empresario para el análisis de expedientes “aleatorios” de diferentes adjudicaciones para determinar si se realizó el mismo cálculo en otros expedientes de la empresa dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
El organismo europeo se centra en dos contratos que tienen que ver con la “formación de empleo juvenil para la economía digital” y la “formación para personas desempleadas”. Ambos se financiaron parcialmente con fondos europeos y se entregaron a una Unión Temporal de Empresas (conocida como UTE) conformada por la empresa de Barrabés, Innova Next, y The Valley Business School.
En el informe que redactó el perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), adscrito a la Fiscalía de Europa, contempla que las cartas de apoyo o los “acuerdos” que firmaron empresas u otras entidades en favor de la adjudicación se sobrestimaron porque obedecen a “meras declaraciones de intenciones”.
El aspecto clave reside en saber si Red.es pudo hacer una gestión “exclusiva y aislada” en los pliegos de dos licitaciones que coinciden con las cartas firmadas por Gómez o si el modus operandi fue siempre el mismo. Cabe destacar que la petición de Barrabés para ampliar la pericial podría terminar por perjudicarle en el sentido de que podría abrir otra vía de investigación.
En otro orden de cosas, hay que señalar que en el procedimiento se encuentra asimismo imputado el director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto; y que la Fiscalía Europea ha practicado más de 20 testificales en su mayoría, según las fuentes que plasma este martes el medio mencionado.
La empresa pública se enfrentó a 33 auditorías en aras de encontrarse fiscalizada por distintos órganos como la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo o la Dirección General del Fondo Europeo del Desarrollo Regional (FEDER).
No está investigando a Begoña Gómez
Hay que reseñar que en el procedimiento europeo no está siendo investigada Begoña Gómez, y que Barrabés es un habitual en la contratación de las administraciones de cualquier color político.
De hecho, la mayoría de los contratos por los que se critica a Gómez competen al Ayuntamiento de Madrid; uno de ellos en 2017, otro en 2021 ya bajo signo ‘popular’, y un tercero en 2024 correspondiente al municipio de Alcobendas y ya en el transcurso de la investigación judicial.
Entretanto, organismos como la Fiscalía Provincial de Madrid ya consideraron que no había indicios de irregularidades. Allá por octubre del año pasado, el organismo de la Autonomía emitía que “no hay elemento objetivo ninguno en las actuaciones que conduzca de forma indiciaria a la afirmación de que la investigada -Begoña Gómez- se ofreciera a ejercer su influencia y desplegar eficazmente su ascendencia sobre terceros”.
Quien sí mantiene la investigación sobre la mujer de Sánchez es el juez Juan Carlos Peinado, que lleva años siendo polémico, precisamente por este asunto. En el apartado que tiene que ver con Barrabés, ordenó registrar su vivienda, pero la propia Audiencia Provincial de Madrid anuló dicha orden, así como la del análisis del móvil y los dispositivos informáticos del empresario lanzando un duro mensaje al juez: “No se puede obtener la verdad a cualquier precio".
El mismo magistrado mantiene la investigación sobre Begoña Gómez por tráfico de influencia, malversación de fondos públicos y corrupción en los negocios.
