El juez Juan Carlos Peinado ha dictado una providencia este miércoles en la que solicita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice un nuevo informe con la información que le ha remitido una empresa implicada en su momento en el software para la cátedra extraordinaria que codirigió Begoña Gómez. Lo pide porque en 22 reuniones con la empresa que mantuvo Gómez, en tres estuvo su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez.
Álvarez está siendo investigada en la causa por un presunto delito de malversación relacionado con desvío de fondos públicos pero, en lo que concierne a este nuevo frente en la instrucción judicial, la empresa Making Science Group ha presentado la documentación requerida por el magistrado, en esencial, “el listado de reuniones mantenidas, personas convocadas y asuntos de la misma”, las cuales tenían un carácter “técnico y de seguimiento de avance del proyecto”, a las cuales asistían toda índole de profesionales implicados, según desgranó la compañía.
Según reza en el citado listado entregado a la instrucción judicial, fueron 22 reuniones con esta empresa, a las cuales Álvarez asistió en tres ocasiones. En su conjunto se celebraron entre el 19 de abril de 2022 y el 7 de febrero de 2024, y en las que participaron desde representantes de grandes compañías que abarcan Telefónica o Deloitte hasta un miembro de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En lo que concierne a la asistencia de la asesora de Gómez, las tres reuniones en las que estuvo presente se mantuvieron a través de videoconferencia, siendo la última de ellas la fechada en febrero de 2024, a la que asistió igualmente la esposa del presidente del Gobierno central. En ella, según ha deslizado el escrito de la empresa entregado al juzgado, se planteó “continuar el desarrollo del proyecto en una segunda fase” pero que, sobre la cual, “no se obtuvo respuesta”.
Contra esta resolución del juez Peinado, cabe recurso de reforma en el plazo de los próximos tres días. Un nuevo avance en la instrucción judicial que comenzó en abril de 2024.
Imputación de Álvarez
Fue a mediados del pasado mes de diciembre cuando la Audiencia Provincial de Madrid confirmó, en el marco de la instrucción judicial del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, llamar a declarar tanto a Gómez como a Álvarez, acusadas de un presunto delito de malversación de caudales públicos. A ojos de este tribunal, consideró “dudoso” que la entonces asesora en La Moncloa fuera “amiga íntima” de la mujer de Pedro Sánchez.
"En la causa constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente", indicaron los magistrados de la Audiencia de Madrid, "sin que por el momento se pueda llegar a ninguna conclusión relativa a la continuación por los trámites de la fase intermedia o el sobreseimiento de la causa, en cuanto que la instrucción sigue viva". A su vez, añadieron que "probablemente la actividad de Álvarez podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios".
En estos términos, la Audiencia emplazó a que se resuelvan “qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar” a la exasesora de Gómez, en "si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer” el presunto plan delictivo por el que se le acusa a la esposa del presidente del Gobierno.
