El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella presentada por Podemos contra el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, contra el exdirector Adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino y otros altos cargos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy por la llamada policía patriótrica.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5, no obstante, ha admitido la querella de forma parcial, tal como pidió la Fiscalía, ya que ha rechazado investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales.

Podemos presentó la querella por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. Además, también se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado.

La formación progresista presentó su querella el 30 de octubre de 2023, reportando delitos de organización criminal, revelación de secretos, malversación, prevaricación y falsedad documental. El escrito relataba que bajo el liderazgo de Francisco Martínez y de Jorge Fernández Díaz, el Ministerio del Interior se dedicó a realizar "investigaciones prospectivas" y "ajenas a cualquier interés policial", que trataban de perjudicar a Podemos.

Esta querella también hacía referencia al Informe PISA, (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un presunto informe policial que estudiaba una una cuenta a nombre del entonces líder de Podemos en el banco Euro Pacific Bank Limited. Las conclusiones de dicho informe fueron demostradas como falsas.

El juez Pedraz deja claro que, una vez examinada la querella y verificados que algunos de los hechos expuestos caerían en el terreno competencial de la Audiencia Nacional, "se procede a su admisión", aunque de forma parcial.

García Castellón, en el foco

El objetivo principal de todo este procedimiento, según Podemos, era la posterior filtración de información a los medios de comunicación para desacreditarles ante la opinión pública, aprovechando el marco de veracidad que confieren las fuentes policiales. De acuerdo con la querella, el proceso se concretó en ocho actuaciones, entre las que se incluye el citado Informe PISA. De esta manera, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha tres frentes judiciales: la Operación Catalunya, las maniobras contra Podemos, y la operación Kitchen para sabotear la investigación judicial sobre la caja B del Partido Popular. En el marco de estos asuntos, el juez Manuel García Castellón se negó a investigar los mecanismos contra Podemos.

"Debe señalarse que ni del ministro Jorge Fernández Diaz o del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, no se relata más que una suposición de que por los cargos que ostentaban deberían conocer y autorizar los hechos. Dicha imputación es insuficiente para admitir la querella contra los mismos. Del director general se dice que habría filtrado una información a la prensa, lo cual es una afirmación que no permite sustentar la imputación de haber participado o consentido investigaciones contra miembros del Parlamento", argumentaba el magistrado. 

Por otra parte, en lo que respecta a las diligencias que solicitaron los morados, el magistrado rechazó los testimonios de los periodistas por la procedencia de las fuentes, ya que "no están obligados a declarar los profesionales del periodismo sobre las mismas”. En este sentido, añade que tampoco aparece en el relato de hechos que los medios participaran en la difusión de noticias falsas a sabiendas que lo eran, por lo que su actividad queda amparada bajo el paraguas del secreto profesional y por el artículo 20 de la Constitución que reconoce el derecho a la información.

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