El nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García, no ha podido acudir a la apertura del año judicial debido a que ha dado positivo en coronavirus. En su lugar, la encargada de leer el discurso de presentación de la memoria de la Fiscalía ha sido la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. Conde ha leído los principales datos de la memoria en un acto presidido por el Rey Felipe VI. Sin apenas referencias políticas, Sánchez Conde sí que ha alertado del incremento de delitos de odio derivados de la polarización política, así como ha reclamado más independencia para el Ministerio Fiscal.

Sánchez Conde ha explicado que, en 2021, los procedimientos por delitos de odio aumentaron en un 27,19%. Se observa, según la fiscal, un importante aumento del 44,44% en los escritos de acusación presentados. En las diligencias de investigación tramitadas por la Fiscalía los motivos discriminatorios más comunes fueron el racismo y la xenofobia, con un 38,5%, la orientación e identidad sexual y de género, con un 25%, y en tercer lugar la ideología, con un 19,2%, “como consecuencia de la polarización y radicalización del debate político de la que ya se alertaba en Memorias anteriores”. Además, ha añadido que se consolida también la tendencia alcista de los delitos de odio cometidos a través de las TIC, que están presentes ya en el 20% de los procedimientos tramitados por estos tipos penales.

La única referencia política de todo su discurso ha sido cuando ha dicho que es necesario imprimir un importante esfuerzo para adoptar nuevas prácticas tendentes a modernizar la institución, dotarla de mayor transparencia y aspirar a la excelencia en la prestación del servicio público de justicia.

Y ha apostillado que, sin embargo, “no por ello renunciaremos a proponer una reforma estatutaria que confiera al Ministerio Fiscal un estatus de autonomía reforzada en todos los niveles: presupuestario, organizativo, normativo y formativo. Este es el camino por el que tanto el GRECO como el recientemente publicado informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en Europa nos recomienda seguir avanzando”.

Por ello, ha añadido, “en tanto esta reforma integral no sea una realidad, me comprometo públicamente a proponer e impulsar las modificaciones parciales que sean pertinentes para conquistar mayores parcelas de autonomía y transparencia, así como a adoptar las decisiones y las iniciativas correspondientes para, dentro del marco legal actual, potenciar nuestras capacidades de autogestión”.

Datos estadísticos

Su discurso en la apertura del año judicial ha estado plagado de datos y cifras. Así, ha explicado que, durante el año 2021 fueron asesinadas 50 mujeres, tres más que el año anterior, de las que tan solo 11 habían presentado previamente denuncia. La violencia de género dejó 31 niñas y niños huérfanos. Cuatro menores fueron asesinados por sus padres. “No son cifras, no son estadísticas, son vidas humanas truncadas por esta violencia cruel y atroz. Son mujeres, son familias, son mujeres, niños niñas. Para nosotros, lo más importante” ha dicho en referencia a lo anterior.

Sobre los asesinatos de violencia machista ha explicado que, del mismo modo que el año anterior, el 76% de los asesinatos se produjeron fuera de las capitales de provincia, lo que “vuelve a evidenciar la necesidad de que todas las víctimas puedan tener acceso a los recursos en condiciones de igualdad, cualquiera que sea su lugar de residencia”.

“Sigue siendo preciso aflorar la cifra oculta de la violencia de género. Tras el acusado descenso de las denuncias durante el 2020 motivada por la situación de pandemia, en 2021 se ha computado un incremento de las mismas en un 8% que, sin embargo, no nos devuelve a los niveles de 2019” ha aseverado García.

Trata de seres humanos

Uno de los temas que más preocupan al nuevo fiscal general del Estado es el de la trata de seres humanos. De hecho, suele ser un tema recurrente en todas sus apariciones públicas y, aunque en esta ocasión ha tenido que ser su compañera la que leyera el discurso, se ha mantenido intacto. Sobre esto ha aseverado la teniente fiscal que durante el año 2021, los procedimientos por este delito aumentaron en un 37,5%. El 67,27% se refirieron a trata con fines de explotación sexual, detectándose 277 víctimas de las que el 98,55% eran mujeres o niñas. La trata laboral le sigue en importancia estadística con un 16,36% de los procedimientos.

La Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado viene detectando que las personas extranjeras en situación administrativa irregular “son el caldo de cultivo propio para la explotación y el abuso. Por ello, se fomentará la participación de equipos de trabajo para la consecución de una ley integral contra la trata de seres humanos” ha anunciado ante el Rey y el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Menores en riesgo

Entre los datos más preocupantes que ha resumido María Ángeles Sánchez Conde se encuentra el hecho de que ha habido un incremento de 23,50% de menores en situación de riesgo y de 23,40% en las declaraciones de desamparo. La actuación en defensa de los derechos fundamentales y la adopción de medidas urgentes aumentó en un 63,10%.

Los menores también preocupan en los delitos de ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia es un fenómeno criminal en progresivo incremento. De ello dan buena cuenta las estadísticas recogidas en la Memoria, y que reflejan un aumento del 257% desde 2017, un 40,47% en el último año.

Aunque de nuevo la mayoría de los procedimientos -un 46,68%- se siguen por delitos de estafa, lo que sin duda se explica por el mayor número de denuncias, desde la Fiscalía nuevamente alertamos del incremento de las actuaciones delictivas a través de las TIC contra bienes jurídicos personalísimos, que han aumentado un 34,5%. “Ello es particularmente preocupante cuando hablamos de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales de los menores de edad, con un incremento de casi un 10% respecto de la anualidad anterior” ha apostillado.