El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ya no puede más, y lo ha dejado patente en un incendiario discurso de apertura del año judicial ante el Rey Felipe VI. En un discurso, el noveno que da puesto que llevan cuatro años en funciones, Lesmes no se ha cortado a la hora de repartir estopa a todo y a todos, llegando incluso a decir que, "el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias, otorgando a esta petición la relevancia constitucional y democrática que realmente tiene y dejando de lado todo interés de partido. De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan", lo que ha hecho saltar las alarmas sobre una posible dimisión puesto que el final de su discurso era de agradecimietno y con tono de despedida, y ha avalado las dimisiones personales. 

Ante la falta de un acuerdo para renovar, el presidente del CGPJ ha 'rogado' "pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la Oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible".

Nombramientos

Sobre los nombramientos, o mejor dicho, la imposibilidad de realizar nombramientos por parte del CGPJ por el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha aseverado, que dicho cambio es "otro remedio excepcional propuesto y ejecutado desde el poder legislativo. La iniciativa también ha resultado frustrada en sus propósitos, puesto que no ha conseguido la renovación del Consejo, aunque sí ha provocado un enorme debilitamiento de su legítima función constitucional, como garante de la independencia judicial".

"Dieciocho meses después de su aprobación, los efectos de esta Ley son devastadores. El Tribunal Supremo tiene 14 vacantes sin cubrir y en los próximos meses serán 20, lo que representa el 25% de sus efectivos. De las 116 presidencias de tribunales existentes en nuestro país, 49 de ellas no están desempeñadas por un presidente titular y el próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar predeterminados en la Ley ya que las vacantes no han podido ser repuestas" ha comenzado a explicar, para luego apostillar que, "el estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial".

De los nombramiento para las las plazas de magistrados del Tribunal Constitucional, ha remarcado que, el Gobierno, solo un año después ha vuelto a cambiar la ley para que se puedan hacer, y que si bien la parece poder realiar esos nombramientos, que "nada se dice sin embargo en esta Ley sobre la imprescindible designación de los magistrados del Tribunal Supremo, pese a ser a todas luces evidente la grave situación a la que se ha abocado a este Tribunal".

Pablo Iglesias

En el reparto de 'rejonazos' del presidente, un político ha destacado por encima de los demás: Pablo Iglesias. Sobre él, aunque sin mentarle con nombre y apellidos, ha dicho: "No está de más recordar las palabras de un antiguo miembro del Gobierno (Iglesias) que, basándose en unos preliminares pronunciamientos de las Justicias belga y alemana, descalificó a la Justicia española, afirmando la existencia de una supuesta humillación, en relación con la interpretación y aplicación de la Orden Europea de Detención y Entrega realizada por el juez instructor en un caso por todos conocido".

Dicho lo anterior, le ha recordado al ex vicepresidente del Gobierno que, "tal vez ignoraba aquel dirigente político al realizar tan desafortunadas declaraciones que el Derecho Europeo se interpreta en última instancia y con carácter vinculante por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que se acudió a través del procedimiento prejudicial para que resolviera la controversia, habiéndose producido ya un primer pronunciamiento sobre esta cuestión mediante la emisión de la calificada opinión del Abogado General señor Richard de la Tour, que no corrobora precisamente esa supuesta humillación de la Justicia española. Antes al contrario, el Abogado General afirma que son esas decisiones preliminares, tan celebradas aquí por algunos, las que contravienen los principios de confianza y de reconocimiento mutuo que constituyen la “piedra angular” de la cooperación judicial en el seno de la Unión Europea".

Cataluña, el Gobierno y el Procés

Otra vez el Procés se ha colado en el discurso. Carlos Lesmes ha hecho referencia al discurso político que aboga por la "desjudicialiazción", en referencia a los hechos acontecidos en Cataluña en 2017. Pues bien, asevera el presidente del CGPJ que, "se habla así, sin rubor alguno, de la necesidad de huir de los jueces que garantizan la aplicación de la ley como fórmula de solución pacífica y ordenada de las controversias, como si fueran éstos los que hubieran provocado los conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad".

Y a este respecto apostilla que: "Sin perjuicio de admitir, e incluso de ponderar positivamente, que la acción política precisa en ocasiones de la adopción de medidas excepcionales para solucionar, o mitigar al menos, algunos de los graves problemas que aquejan a nuestra Nación, en especial los de naturaleza territorial, existe el riesgo de que de materializarse esa anunciada desjudicialización lo que se acabe produciendo es una huida de la Ley o, lo que es más grave aún, del principio de igualdad en la aplicación de la Ley a todos los ciudadanos, pues no otra consecuencia tendría el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política".