Carlos Lesmes ha metido al Tribunal Supremo en la mayor crisis interna y de legitimidad que sufre el alto tribunal en Democracia. Cabe recordar que el presidente del Supremo es también el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ambos cargos van unidos. Si el Supremo es la máxima instancia judicial a la que la inmensa mayoría de los españoles pueden recurrir (el Constitucional admite muy pocos recursos de ciudadanos particulares) el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces. Lesmes ha reconocido en declaraciones a El Confidencial que se enteró "por la prensa" de que la Sala Tercera del Supremo sentenciaba que el impuesto sobre actos jurídicos documentados deben pagarlo los bancos. Reconoce también en declaraciones a ese diario digital que llamó al magistrado Luis Maria Díez-Picazo para advertirle de los "daños económicos" de la sentencia y el "riesgo sistémico". Los jueces no hacen las leyes en una democracia, las hace el Parlamento y el poder judicial las cumple y hace cumplir. Cuestionar una sentencia del propio tribunal que preside no porque no se ajuste a derecho, sino por el daño económico que puede ocasionar a los bancos es inaceptable profesionalmente. Esta mañana el presidente del Supremo ha pedido perdón por la gestión de esta crisis, pero ante el daño a la imagen y credibilidad dela institución que ha causado Lesmes debería dimitir. Desde luego a un político que causara semejante crisis en una institución pública se le exigiría la dimisión inmediata.
Inseguridad jurídica sin precedentes: en los juzgados y en el sistema financiero
El vodevil que comenzó el viernes en el Tribunal Supremo tuvo su continuación este lunes con una reunión de urgencia que convocó el propio Lesmes. El viernes Lesmes exigió al magistrado ponente de la sentencia que emitiera una nota "aclaratoria" para "atajar la incertidumbre" y porque se estaban produciendo "fuertes daños económicos". ¿Desde cuando el Tribunal Supremo está pendiente de las caídas del Ibex 35 para dictar sentencias? porque fue el viernes pasado cuando los bancos se desplomaron en bolsa. Según El Confidencial, Díaz Picazo respondió a Lesmes que la sentencia era firme y por tanto no se podía revisar, que no haría una nota aclaratoria pero que "articularia una declaración en el ámbito de sus competencias". En la información que firma José Antonio Zarzalejos se explica que Díez Picazo, desde su ordenador personal instalado en su domicilio, redactó una comunicación en la que explicaba que el asunto se trasladaría a un pleno del alto tribunal. la caída de los bancos en la Bolsa se detuvo.
Todo este desastre jurídico tiene consecuencias, en primer lugar los juzgados han congelado sentencias sobre costes hipotecarios y el impuesto por inseguridad jurídica. En segundo lugar la inseguridad se extiende por todo el sistema financiero y los inversores internacionales no saben a que atenerse. Hay firmas anglosajonas que cifran el coste para los bancos en 26.000 millones de euros si el impuesto pasa a computar a la banca con carácter retroactivo. Eso implica, lisa y llanamente, la quiebra de varias entidades financieras y eso -guste más o guste menos- implica otra crisis económica.
El Tribunal Supremo abrió hoy sus puertas a los ciudadanos con motivo del 40 aniversario de la Constitución. Su presidente pidió perdón por la gestión de la crisis judicial, negó haber recibido llamada alguna de uno o varios bancos para alertarle de las pérdidas económicas, pero el daño a su credibilidad particular a la del Tribunal Supremo ya está hecho porque decida lo que decida ahora el alto tribunal el próximo 5 de noviembre muchos españoles pensarán que si eres poderoso puedes llamar al presidente del Supremo y cambiar una sentencia que te perjudica.
