La semana próxima concluye el plazo para presentar los escritos de defensas de los doce procesados por rebelión y sedición en la Sala Segunda del Tribunal Supremo por los hechos acaecidos en septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. Según publica El Confidencial, se solicitará la declaración de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro como testigos.

Se les citará en el marco del relato de hechos de las conclusiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, aunque no descartan que otros cargos públicos acudan en calidad de testigos. Por su parte, desde el Alto Tribunal relatan que la Sala Segunda llamaría como testigos a "prácticamente todos" los que propongan tanto defensa como acusación.

La Sala examinará todas y cada una de las peticiones y comprobará si son o no pertinentes para acreditar o desmentir el relato. El Supremo mantiene que el tribunal que juzgue a los acusados será de amplio criterio e insiste en que no habrá restricción alguna. Por otro lado, llamarán a todos "los políticos que tuvieron relación con los hechos que son objeto de enjuiciamiento, a petición de las partes".

Los planes del Tribunal

Se podrá interrogar a cada uno de los acusados sin límite de tiempo ni de preguntas, exceptuando las que se consideren impertinentes. También se espera que los acusados respondan en castellano, aunque de no ser así, la Sala contaría con una traducción simultánea con el fin de evitar un problema sustancial que echaría por tierra el fin del proceso judicial.

El Alto Tribunal pretende iniciar el juicio oral en este mes de enero, aunque no se descarta que, en el peor de los casos, se produzca en la primera semana de febrero. El Supremo abordará dos asuntos diversos pero con un cariz de extrema importancia. En un lado, la instalación de los medios de comunicación en la sala contigua  para que puedan seguir la vista con todo lo necesario para el desenvolvimiento de su labor.

Por otra parte, la segunda cuestión se corresponde con la fecha en la que se reclamará el traslado de los presos a los centros penitenciarios cercanos a Madrid con el fin de que puedan asistir a diario y durante varios meses a las sesiones. Tienen la esperanza de que Quim Torra no plantee dificultades a este respecto.