El juez Juan Carlos Peinado, instructor del mediático caso Begoña, ha retomado la actividad tras el parón estival con una citación que lo enfrenta directamente a su propio entorno personal: un acto de conciliación contra el activista Fernando Jabonero, que lleva años denunciando las supuestas irregularidades urbanísticas de su chalet en la localidad abulense de La Adrada. La cita no es un trámite cualquiera. Tras más de dos décadas de polémica en torno a la vivienda del magistrado, ahora el conflicto se traslada formalmente a los tribunales en una pugna donde se cruzan la vida privada del juez, las denuncias ciudadanas y un clima mediático en el que cada movimiento adquiere relevancia política.
El peso del activismo de Fernando Jabonero radica en la constancia. Autoproclamado luchador contra la corrupción, ha sostenido durante años que el chalet de Peinado constituye una irregularidad urbanística: figura en el catastro como “almacén” y, según él, no ha sido legalizado. Su insistencia, reforzada con documentación acumulada y declaraciones públicas, acabó trasladándose al plano institucional. En febrero, el Ayuntamiento de La Adrada, bajo mandato popular, ordenó revisar el expediente y pidió un informe técnico para evaluar la situación real de la vivienda.
Ahora, el juez ha decidido contraatacar. Según adelantó 'elDiario.es', Peinado reclama a Jabonero que se retracte de sus palabras y le indemnice con 25.000 euros, acusándole de haber emprendido una campaña difamatoria que atenta contra su honor. La fórmula elegida es el acto de conciliación -fijado para el próximo martes 23 de septiembre-, paso previo a una demanda penal por injurias y calumnias si no hay acuerdo. No se trata de un gesto aislado. El magistrado ha iniciado una batería de acciones similares contra políticos, periodistas y otros ciudadanos que, a su juicio, han sobrepasado los límites de la crítica legítima.
El activista, por su parte, no tiene intención de dar marcha atrás. En declaraciones a distintos medios ha asegurado que la citación busca amedrentarle y que no aceptará ni pagar ni disculparse. “El juez está acorralado con su casita”, ha repetido en varias ocasiones, convencido de que la documentación que maneja respalda sus afirmaciones. Su defensa se apoya en el interés público: sostiene que no se trata de un ataque personal, sino de una denuncia de irregularidades urbanísticas que afectan a la transparencia y ejemplaridad que se exige a cualquier cargo público, y más aún a un magistrado de relevancia nacional.
La colisión entre ambos se produce en un contexto particularmente delicado. Peinado es el instructor del procedimiento abierto contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a raíz de una denuncia de Manos Limpias. Esa causa, conocida popularmente como el caso Begoña, ha estado marcada por la polémica: se han ido acumulando hasta cinco tipos penales distintos, varios de ellos ya descartados por la Audiencia Provincial, y la Fiscalía ha señalado en diversas ocasiones la falta de sustento de algunas diligencias. Mientras tanto, el juez ha sido objeto de duras críticas por parte de políticos y medios, que cuestionan su forma de llevar la instrucción.
En este escenario, las denuncias de Jabonero sobre el chalet de La Adrada se convierten en un flanco incómodo para el magistrado. No solo porque afectan a su reputación personal, sino porque alimentan un relato de supuesta doble vara de medir: un juez que instruye causas de gran repercusión política mientras arrastra un expediente urbanístico abierto sobre su propia vivienda.
El acto de conciliación se enmarca en la estrategia legal de Peinado para defender su honor. De no alcanzarse un acuerdo, podría derivar en una demanda civil por intromisión ilegítima en su honor o incluso en una causa penal por injurias y calumnias. La fórmula elegida tiene un componente simbólico: sitúa a Jabonero, un ciudadano que dice actuar en nombre de la transparencia, frente a la maquinaria judicial en terreno formal, y lo obliga a decidir si se retracta o se arriesga a una batalla judicial con posibles consecuencias económicas y penales.
Mientras tanto, en La Adrada la historia continúa. El Ayuntamiento aún no ha cerrado el expediente abierto en febrero y se mantiene a la espera de los informes técnicos encargados. El debate local se mezcla con la proyección nacional del caso, amplificado por los medios que han puesto la lupa en la figura del juez a raíz del caso Begoña. Para Jabonero, esa visibilidad es tanto un altavoz como un riesgo, pues su activismo se ve ahora amenazado por una reclamación económica que considera desproporcionada.
Peinado convierte las críticas públicas en un frente legal
Peinado no solo ha centrado su ofensiva jurídica en el activista contra su chalet. En los últimos días ha dado un paso mayor y ha demandado por injurias y calumnias a políticos y tertulianos mediáticos que le han criticado públicamente. Entre los señalados figuran el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, así como periodistas y analistas como Antón Losada y Ernesto Ekaizer.
Según fuentes jurídicas citadas por la prensa, Peinado ha iniciado actos de conciliación contra esos personajes como paso previo a posibles demandas civiles o incluso penales si no hay acuerdo. La justificación que dan es que las declaraciones vertidas en medios y platós vulneran su derecho al honor profesional e institucional.
Los términos concretos de las demandas recogen alusiones que estos personajes habrían hecho acerca de su actuación judicial. Por ejemplo, Iglesias le habría llamado “prevaricador” en televisión, y Losada le atribuyó estar “a milésimas de segundo” de cometer prevaricación por sus decisiones en el caso Begoña. Otro de los demandados, Ekaizer, declaró que Peinado “en su grupito de la hípica alardea de que va a acabar con Pedro Sánchez”, lo que para el magistrado constituye un agravio sujeto a acción judicial.