El activista Fernando Jabonero ha reavivado la polémica en torno al chalet del juez Juan Carlos Peinado en La Adrada (Ávila) con una serie de denuncias públicas basadas en documentación oficial. Jabonero, exfiscal y habitual defensor de la transparencia, explica que ha rastreado licencias municipales, registros catastrales e incluso datos en el portal inmobiliario Idealista para demostrar lo que considera irregularidades urbanísticas en la vivienda de Peinado. El chalet del juez “lleva más de 20 años en situación irregular”. Desde diciembre de 2024 –nueve meses después de que Peinado iniciara el caso contra Begoña Gómez– el activista habría advertido que la residencia “vulneraba presuntamente la normativa urbanística”.
Jabonero subraya que la casa no contaba con la preceptiva licencia de primera ocupación hasta hace pocas semanas. En sus intervenciones recientes destaca que esa licencia finalmente se otorgó “el 25 de mayo de 2025”, por lo que hasta entonces el chalet no podía legalmente tener luz y agua. Él mismo pregunta: “¿Cómo que su domicilio no tiene siquiera licencia de primera ocupación?”, y señala el contrasentido de consumir servicios básicos sin el permiso oficial. Además, apunta que la licencia de obras original fue tramitada como si la finca fuese urbana cuando en realidad está en suelo no urbanizable; en consecuencia, esa licencia sería “ilegal” según informes del SEPRONA citados por Jabonero. De hecho, recuerda que Peinado tuvo que pagar 70.000 € en sentencia por las obras emprendidas. Con todos esos datos, Jabonero presentó un requerimiento formal al Ayuntamiento de La Adrada solicitando copia de todos los informes técnicos y jurídicos relativos a las licencias urbanísticas del chalet –incluyendo las licencias de obra y de primera ocupación– junto con cualquier autorización municipal para acometidas de agua y luz. En su escrito insiste en que “ocupar una vivienda sin la correspondiente licencia de primera ocupación… constituye una infracción urbanística”, subrayando que la falta de autorización en un inmueble así no puede pasarse por alto.
Otra “prueba” que destaca Jabonero es la sorprendente calificación del chalet en el catastro: figura como un almacén en lugar de una vivienda. La parcela de casi 3.000 m² con 858 m² construidos está “inscrita en el Catastro Inmobiliario como un almacén”, aunque alberga “una gran vivienda” construida en el año 2000. Esta disparidad alimenta las sospechas: ¿por qué registrarlo como almacén si es claramente un chalet? Los registros demuestran que la propiedad fue donada a Peinado en 2007 y que nunca se condonó formalmente la obra a través de un plan de urbanización completo (falto de redes de saneamiento, acceso rodado adecuado, cesiones de terreno, etc.), requisitos enumerados por la ley. La alcaldesa de La Adrada, María de los Ángeles Andray (PP), admitió que “no ha concedido licencia de primera ocupación al chalet familiar del juez Peinado”, aunque dejó la puerta abierta a que se hubiera expedido antes de su mandato. En todo caso, el catastro sigue situándolo como almacén (categoría generalmente reservada a garajes o depósitos). Esa clasificación contable se mantuvo “a día de hoy”, lo que evidencia el desfase entre la realidad de la construcción y su inscripción oficial.
Jabonero resalta también que el portal inmobiliario Idealista permite obtener datos públicos sobre la calle donde se ubica el chalet. Por ejemplo, al consultar el mapa de Idealista para la zona Camino Carmen Navalpino de La Adrada se observa que hay 39 viviendas construidas en esa vía, con una superficie típica de 105–120 m² y edificadas en las últimas décadas. Esto confirma que la dirección del inmueble es plenamente localizable en fuentes abiertas, contrariamente a lo que sugiere el juez, quien atribuye a Jabonero la difusión de una dirección exacta sensible. Para el activista, el hecho de que los datos catastrales estén “públicamente accesibles” –incluso en sitios como Idealista– pone de relieve que no hay reserva de información y que el domicilio del magistrado no es un secreto. En su discurso se afirma que cualquier ciudadano puede comprobar en portales urbanísticos y de bienes raíces la ubicación y características del chalet, con lo que la acusación de violación de intimidad pierde fuerza.
Enfrentado a estas revelaciones, el juez Juan Carlos Peinado ha reaccionado con una demanda por injurias y calumnias. Peinado exigió en su citación judicial que Jabonero reconozca varias “verdades” sobre sus acciones: primero, que efectivamente el vecino solicitó información urbanística al Ayuntamiento de La Adrada durante 2024 –las mismas peticiones que constan en el portal de transparencia–, cuyo objetivo, según el magistrado, habría sido filtrar ciertas resoluciones y difundir “la dirección exacta del inmueble”. Segundo, quiere que Jabonero confiese que su denuncia contra el juez (rechazada por el TSJM en 2024) buscaba desacreditar el caso contra Begoña Gómez para apartarlo del procedimiento. En suma, Peinado acusa a Jabonero de vulnerar su privacidad y de articular una campaña paralela al proceso judicial. Por ahora, la “conciliación” que precede a la querella está programada para septiembre y el activista ha declarado que no piensa retractarse ni pagar los 25.000 € reclamados.
En medio de esta polémica, varios medios documentan los antecedentes urbanos. La Fiscalía de Ávila encontró “indicios de criminalidad urbanística” centrados en un posible delito de prevaricación municipal en la concesión de licencias al chalet del juez. Sin embargo, esos delitos prescribieron y la causa se archivó. Pese a ello, Jabonero insiste en la legalidad de sus críticas: asegura que Peinado tiene “un chalet en situación irregular desde hace más de 20 años” y que sus actos se amparan en la Constitución, pues “tenemos derecho a criticar” las acciones de un funcionario público. Incluso señala que el magistrado habría archivado diligencias contra el PP –partido al que pertenece la hija del propio juez, concejala de Pozuelo– “sin tener competencias”, algo que relaciona con un “caciquismo secular” en la gestión local.
El caso ha cristalizado en torno a tres ejes de prueba que destaca Jabonero: las licencias municipales inexistentes o irregulares, las anotaciones catastrales contradictorias y los registros abiertos en portales como Idealista. Cada una de estas fuentes refuerza su tesis de que el chalet de Peinado no ha cumplido con las normas que exigiría a cualquier otro ciudadano. La disputa ha cobrado visibilidad pública y ha puesto en evidencia la tensión entre el aparato judicial y las denuncias ciudadanas. Como afirma Jabonero, aunque Peinado amenace con querellas, “lo que busca es la revancha” por haber expuesto estas irregularidades.
