El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha apercibido al Ayuntamiento de La Adrada, municipio en el que se encuentra el chalet irregular del juez Juan Carlos Peinado, por haber denegado información pública de las obras del mismo. Así lo ha compartido en X el activista Fernando Jabonero, especialmente inmiscuido en investigar las irregularidades alrededor de esta propiedad del magistrado, publicando una captura del texto en el que la citada autoridad impone al Consistorio que acceda a las reclamaciones de Jabonero.

"Estimar la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por Fernando Jabonero Orasio al Ayuntamiento de La Adrada, en Ávila", arranca el escrito, compartido por él mismo en su perfil social. "Para dar cumplimiento a esta resolución, el Ayuntamiento de la Adrada deberá facilitar al reclamante una copia de los informes técnicos y jurídicos emitidos para facultar la concesión de licencias urbanísticas (de primera ocupación y las de obras de las dos construcciones, vallado, plataforma hormigonada y piscina), una copia de los acuerdos o resoluciones de la concesión de cada una de las licencias anteriores y, por último, una copia de las autorizaciones municipales para facultar las acometidas, y en su caso evacuaciones, de agua y energía eléctrica", reza el documento.

 

La Fiscalía de Ávila también sospecha del chalet

Por su parte, la Fiscalía de Ávila también percibe indicios de "criminalidad urbanística" en el chalet de La Adrada propiedad del juez Peinado. El Ministerio Público considera que el Ayuntamiento de la localidad, bajo mandato popular, pudo haber cometido prevaricación al permitir la construcción de la vivienda de forma irregular; pero el caso ha terminado archivándose por la prescripción de los hechos.

Según adelantaba en junio ElDiario.es y pudo confirmar este medio, la Fiscalía aducía a "irregularidades apreciadas en la tramitación del expediente", las cuales serían prueba de "conductas con indicios de criminalidad urbanística, pero serían delitos prescritos", además de señalar que parece "un uso no permitido".

ElPlural.com tuvo acceso al documento de la Fiscalía, en el que incluye un “delito por omisión” del Ayuntamiento del PP, la elevación de los hechos al SEPRONA y las razones del carpetazo a la investigación. El denunciante de los hechos señalaba en sus denuncias que el inmueble de Peinado carece de licencia de primera ocupación y de conexión a los servicios de evacuación de aguas residuales, cuestiones que la Fiscalía remite al Servicio de Protección de la naturaleza (SEPRONA) para su análisis. Por otro lado, el texto expone que “tratándose de la construcción de una vivienda aislada, no vinculada a explotación agrícola, ganadera o de cualquier otro uso propio del suelo rústico”, su uso podría “no ser permitido”: “No parece ser acorde a la legalidad urbanística”.

En otras líneas del citado documento se hacía también referencia a la existencia de “indicios de que se hubiera incurrido en un delito de prevaricación urbanística” de acuerdo con el artículo 320.1 del Código Penal “en cuya redacción a la fecha de los hechos castigados, tanto a la autoridad o funcionario público que informara favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes, como a los que hubiera resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia”.

 

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