Juan Carlos Peinado, el juez que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha ordenado consultar las cuentas corrientes en las que figure Gómez. Al mismo tiempo, solicita al Registro Civil de Madrid, “a fin de que emita certificado literal de matrimonio y otras anotaciones marginales”, según consta en una providencia que ha publicado el diario El Mundo. La mujer del jefe del Ejecutivo continúa imputada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida y también intrusismo profesional.
Al margen, en la tarde de este pasado lunes, Juan Carlos Peinado citó a declarar en calidad de investigado al que fuera consejero de la Comunidad de Madrid durante el reinado de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, el próximo 18 de diciembre a las 11:00 horas.
El mismo día, el juez ha convocado también a Begoña Gómez, que será imputada por un delito de apropiación indebida y otro de intrusismo profesional. Estos cargos se derivan de su presunta actuación en relación con el software desarrollado para su máster en la Universidad Complutense de Madrid, el cual, según la investigación, ella se habría quedado de manera ilícita.
La citación de ambos, Güemes y Gómez, marca un avance significativo en el proceso judicial, que está centrado en esclarecer estos posibles delitos relacionados con la gestión y uso de recursos. La implicación de figuras destacadas como Güemes, con su actual cargo en el IE, y la relación de Gómez con la Universidad Complutense de Madrid, refuerzan la relevancia de este caso, que continúa bajo escrutinio judicial.
Posible inconstitucionalidad
El juez Juan Carlos Peinado inició hace siete meses una investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida e intrusismo laboral. La investigación surgió a raíz de la implicación de Gómez en la firma de una carta de apoyo para el empresario Juan Carlos Barrabés, quien ganó varios concursos públicos de Red.es, en los que incluyó cartas de apoyo de diversas instituciones. Barrabés presentó una de esas cartas firmada por Gómez en su calidad de codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense.
El juez ordenó registrar a finales de agosto el domicilio de Barrabés y las sedes de sus empresas, además de analizar los contratos que había firmado con el Ayuntamiento de Madrid y otras instituciones. Estos contratos fueron investigados para buscar indicios de tráfico de influencias y corrupción. Sin embargo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró dos informes que concluyeron que no existían irregularidades en los contratos de Barrabés.
A pesar de esta falta de pruebas, el juez Peinado decidió imputar al empresario y ordenar registros exhaustivos en su domicilio, empresas e incluso en un hospital donde Barrabés estaba ingresado. El abogado de Barrabés y el fiscal José Manuel San Baldomero apelaron la decisión ante la Audiencia Provincial, calificando las medidas del juez como arbitrarias y sin fundamento. Argumentaron que el magistrado no había justificado suficientemente su decisión, y que los registros infringían derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y la protección de datos personales.
El abogado también denunció la confiscación de información de personas no investigadas, incluidos correos electrónicos de empleados de Barrabés y dispositivos de los hijos menores de edad del empresario. En su recurso, el fiscal también cuestionó la falta de indicios sólidos para justificar el registro, señalando que la resolución judicial violaba principios constitucionales y derechos fundamentales.
