El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha acordado la apertura de juicio oral contra el magistrado jubilado Manuel Piñar, conocido por su papel en el caso Juana Rivas, por un posible delito de odio por comentarios racistas y xenófobos. La causa se basa en una serie de publicaciones en Facebook, realizadas desde 2022, que contenían expresiones despectivas hacia personas migrantes y minorías étnicas. El magistrado, ya jubilado, ha negado en sede judicial ser el autor de los comentarios, y ha calificado el proceso en su contra como una "persecución personal".
Aunque la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional del caso, el juez instructor ha decidido continuar con el procedimiento, señalando que será un juzgado de lo penal —aún por determinar— el encargado de enjuiciar a Piñar. No obstante, y al no haber renunciado la Fiscalía a presentar acusación, el juez de instrucción ha concedido un plazo de tres días al Ministerio Público para que, si lo considera oportuno, formule su escrito de acusación.
El origen del caso se remonta a una denuncia interpuesta por Carlos Aránguez, abogado de Juana Rivas, cuyo despacho ejerce la acusación popular junto a la “Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional”. Las acusaciones solicitan una condena de 18 meses de prisión, una multa de 6.600 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. El escrito de la acusación sostiene que cuando estaba activo “se dedicó a difundir a través de su cuenta Facebook (...) numerosos comentarios racistas y xenófobos dirigidos a colectivos de inmigrantes, extranjeros y musulmanes” y la cuenta contaba con “1.779 amigos”.
“Una mora pq [sic] tiene cuatro niños se mete en tu piso y allí está”, “los chinos son un gran peligro para el mundo. Su falta de empatía es asombrosa (...)” o “lo que más sorprende de la delincuencia moruna es el desparpajo con el que atropella y la falta de empatía con las víctimas”, fueron algunos de los muchos mensajes que recoge el escrito de la acusación.
En un comunicado, Aránguez Abogados sostiene que el procedimiento ha generado "un importante debate social sobre la responsabilidad y el decoro exigible al juez, los límites de la libertad de expresión y la exigencia ética en aquellos personajes que ejercen una influencia social destacada".
Según el equipo jurídico del despacho, las pruebas presentadas son "contundentes" e incluyen "testimonios de seguidores del magistrado en Facebook, actas notariales que acreditan la continuidad de sus publicaciones, y grabaciones audiovisuales donde Piñar evita negar categóricamente la autoría de los comentarios en cuestión".
El contenido de las publicaciones
El juzgado ya acordó el pasado diciembre el procesamiento por este asunto del juez Piñar, que en sede judicial negó la autoría de las publicaciones en Facebook y enmarcó esta denuncia en una "persecución" hacia su persona.
La causa fue inicialmente archivada, pero posteriormente reabierta por la Audiencia Provincial de Granada. En su resolución, el tribunal estimó parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía, al considerar que algunas de las publicaciones denunciadas podrían constituir una incitación al odio, ya que algunas de ellas contiene epítetos, calificativos o expresiones que se refieren de forma despectiva a ciertos grupos étnicos, razas o nacionales de ciertos países (gitanos, negros, moros, chinos), los cuales, en caso de haber tenido la necesaria trascendencia pública, pudieran comportar una incitación a la discriminación o al odio contra esos colectivos".
Por ello, estimó parcialmente el recurso de la Fiscalía y revocó la decisión del juez instructor de archivar el asunto para que se practicaran las pruebas necesarias para esclarecer, no sólo la realidad de las "publicaciones" que se atribuyen al juez Piñar y su contenido; sino sobre todo su autoría y la trascendencia o proyección que hubieran podido tener.
A raíz de esta resolución en la que ordenaron reabrir la causa, Manuel Piñar denunció a tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia a los que acusó de delitos de prevaricación judicial, injurias, denuncia falsa y trato degradante. El TSJA archivó recientemente la denuncia advirtiéndole de que "no basta" con que una persona se sienta "ofendida, perjudicada o agraviada para que haya de incoarse un procedimiento penal para la investigación de los hechos que denuncie".
