Las asociaciones de jueces y fiscales -concretamente tres de las primeras y dos de las segundas- han anunciado este lunes su intención de convocar una huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo. Denuncian la “falta de dotación” para su ámbito, considerando “insuficiente” los recursos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dedicados a este ámbito.
Más concretamente, en el comunicado emitido califican de “cenicienta” a la administración de Justicia en la Administración General del Estado. “Las carga de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y elevada litigiosidad”, apuntan.
Reunión del 3 de mayo
La cita puesta sobre la mesa llegaría 13 días después del 3 de mayo -fecha marcada en el calendario para mantener la reunión de la mesa de retribuciones con la que se regula sus salarios- pero la verdad es que la huelga lleva una semana siendo una realidad. Así las cosas, el pasado 17 de abril, ésta dio comienzo de manera indefinida con el objetivo de conseguir una subida salarial equiparada con la de los Letrados de la Administración, de hasta 450 euros al mes, y pidiendo el bloqueo de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que impone nuevas condiciones laborales sin negociación previa, según lamentan. El mismo documento se refiere a “un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos”.
Prudencia de los progresistas
Con el escenario actual, quienes este lunes han mostrado su disposición a ir al parón indefinido son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Sin embargo, por el momento asociaciones progresistas no se suman a la cita. De este modo, si bien están de acuerdo con sus homólogos, se muestran más prudentes y optan por esperar a ver qué proponen desde el Ministerio el próximo miércoles.
Pese a las decisiones, distintas hasta el día 3, los precursores de la iniciativa no descartan no llevarla finalmente a cabo y prometer trabajar “desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora”. Con todo, eso sí, dejan claro que no van a permitir que esta “actitud responsable sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de jueces, juezas y fiscales no se desarrolle en condiciones -también retributivas-adecuadas”.
En otro orden de cosas, desde este mismo lunes las operaciones de negociación siguen en el sentido de que el comité de huelga de los funcionarios de Justicia y Moncloa reanudan las conversaciones mientras la primera parte lamenta los “tímidos avances” alcanzados el pasado jueves, cuando hablaron por primera vez de una situación que los afectados tachan de insostenible.
