Los poderes del Estado, entre ellos el judicial, residen en el pueblo que está representado en el Parlamento, como explica la Constitución.

Este martes, la Mesa del Congreso se lo tuvo que recordar al Consejo General del Poder Judicial que, en una decisión casi contestataria, había acordado por mayoría reclamar al Parlamento que diera marcha atrás en su decisión de acelerar una reforma legal que le recortaría competencias, como la de seguir nombrando jueces cuando lleva dos años en funciones.

El seguir actuando como si nada, puede dar la medida del interés que tiene la mayoría conservadora del CGPJ de monopolizar los nuevos nombramientos de altos cargos judiciales, en un intento de tejer una red supuestamente complaciente.

La Mesa del Congreso, donde la izquierda tiene mayoría, reaccionó con contundencia. Pidió respeto al gobierno de los jueces porque “la Constitución reconoce a las Cortes Generales su condición de representante del pueblo español, como sede donde se manifiesta el pluralismo de nuestra sociedad y se expresa su voluntad general”.

Fue el vicepresidente primero del Congreso por el PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien planteó la cuestión en la Mesa de la Cámara baja para dar respuesta institucional a la proclama del CGPJ, que continúa realizando nombramientos con el apoyo básico de la mayoría conservadora, con Carlos Lesmes, su presidente y presidente también del Tribunal Supremo, al frente.  

Esta situación coincide con el aluvión de juicios que afectan al Partido Popular, algunos ya se están viendo y otros se van a ver en distintas instancias. Pero a la formación que preside Pablo Casado y al propio presidente del CGPJ parece no importarles las suspicacias que puedan levantar esta situación. La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, dejó constancia de que en ningún caso el Parlamento está obligado a pedirles informes para ejercer su potestad legislativa, y Gerardo Pisarello, de Unidas Podemos, señaló que es preciso “acabar con una anomalía constitucional”, aludiendo al bloqueo del PP. 

La mayoría del órgano de gobierno de los jueces que planteó esa batalla al Congreso ha calculado que cuando se apruebe la reforma que rechazan, pedirán amparo al Tribunal Constitucional. También confían en que alguna asociación judicial conservadora o algún partido (ya se imaginan cuales), acudan a organismos europeos a plasmar su indignación. Y eso que, de momento, el PSOE y UP han aparcado la mayor, que es que se exija que la mayoría absoluta de los diputados para los nombramientos.

Esa posibilidad pone los pelos de punta a los que ahora mandan en la Justicia porque verían peligrar el control sobre su negociado. Y al PP, que se asoma al vértigo del banquillo con inquietud. El asunto, es que los jueces del CGPJ tendrían que saber lo que manda la Constitución y admitir que hace dos años van de prestado. Como servidores públicos y hombres y mujeres de Derecho, podrían plantearse dimitir para obligar a que los partidos cumplan con su obligación. Sería de justicia.