El golpe bolsonarista a las instituciones en Brasil sigue acaparando todos los focos. Más allá del hecho en sí, condenable a todas luces, lo que más respuestas ha despertado han sido las propias reacciones, y es que mientras que mandatarios de todo el mundo han mostrado su apoyo al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) y su condena a los actos del pasado domingo, en España la oposición utiliza lo ocurrido para tratar de atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus últimas reformas del Código Penal.
No es tampoco de justicia afirmar que esto haya sido así en todos los casos, pues miembros de PP y Ciudadanos -más difícil es encontrar a alguien de Vox- sí que han lamentado el episodio, homólogo al del Capitolio en Estados Unidos (EEUU) cuando simpatizantes de Donald Trump no reconocieron la legitimidad que las urnas habían otorgado a Joe Biden.
Una de las declaraciones que más ha dado que hablar sobre el caso latinoamericano es el de Cuca Gamarra, quien cargaba contra Pedro Sánchez al conocerse las primeras informaciones diciendo que en nuestro país algo así correspondería con un delito de desórdenes públicos. También el propio líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, denotó tibieza en sus palabras, lo mismo que la responsable de la formación naranja, Inés Arrimadas. Igualmente, en las últimas horas han podido verse comparativas entre lo ocurrido en Brasil y que se ha saldado con la detención de 1.500 detenidos después de que el lunes por la tarde la policía desmantelase los últimos vestigios de las protestas; y el 1-0 catalán.
En ElPlural.com nos hemos puesto en contacto con el exletrado del Tribunal Constitucional (TC) Joaquín Urías para que aporte una visión más jurídica de los hechos y, especialmente, de las respuestas de la derecha. En este sentido, lo primero que el también profesor de Derecho Constitucional hace pasa por distinguir entre ambos delitos para que, a partir de ahí, cada cual valore.
Sobre ello, ejemplifica que cabría el delito de rebelión del que muchos juristas hablan “si realmente existía la intención de derrocar al gobierno legítimo, de cambiar el orden constitucional”. De lo contrario, si la “única intención era la de provocar disturbios y protestar porque no les gusta la elección de Lula”, sí habría que referirse a un caso de desórdenes públicos. Asimismo, explica que en sucesos de este calibre, si los mismos están amparados bajo actos coordinados se corresponden a “un delito de desórdenes agravados”.
Cabe destacar que el castigo entre los dos títulos aquí mencionados y recogidos en el Código Penal es bastante notable, ya que la pena por un delito de rebelión va desde los cinco a los diez años de prisión, así como la inhabilitación absoluta de entre seis y doce años los que sedujeren o allegaren tropas o cualquier otra clase de fuerza armada para cometer el delito de rebelión. Por otro lado, el castigo contemplado dentro de los desórdenes públicos varía entre los seis meses y los tres años de cárcel si no es agravado y entre uno y los seis años cuando sí lo es y siempre que esté acompañado de cuestiones determinadas como que alguno de los partícipes portara un arma u otro instrumento peligroso.
El “disparate jurídico” de la derecha
Recuperando lo anterior, partes políticas, muchas de ellas de la extrema derecha, han ido más allá y han comparado el asalto al Congreso de Brasil con la jornada del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Uría califica directamente esta conclusión de “disparate jurídico” y asegura que en la era democrática de España “nunca hemos tenido algo parecido”.
Si acaso, hay imágenes de aquel día que, según el exletrado, se podría asemejar, pero tomando mucha distancia entre ambos momentos históricos: “Quizá algunos actos que se dieron en la puerta de la consejería… pero ni siquiera porque la gente no intentó entrar en el edificio, ni agredir a la policía…”. “El 1-0 fue, en su mayoría, un acto pacífico en el que la gente fue a meter un voto en una urna -aunque éste después pudiera carecer de legitimidad jurídica-. Si la policía no hubiese intervenido, la jornada se habría desarrollado de forma pacífica”.
Preguntado por este medio, ha respondido también de manera tajante a episodios en los que se ha protestado en nuestro país a las puertas de la Cámara Baja, siendo uno de los más recordado el acontecido en 2018 (bautizado como Rodea el Congreso). En la misma línea de lo anterior, asevera que aquellas quejas que se han vuelto a resucitar en las últimas horas obedecían a un “acto comunicado” que estaba “perfectamente legitimado”.
“Una protesta a las puertas de un parlamento no es lo mismo que un asalto, que es lo que se ha producido en Brasil. Comparar ambas cosas es no respetar el derecho a protesta y si alguien no ve la diferencia es por pura intención política, no porque no la entienda”, apostilla. Es más, asegura que, sin estar de acuerdo con la teoría bolsonarista o trumpista, los contrarios a Lula o Biden respectivamente “pueden protestar o acampar”, mientras que otra cosa bien distinta es "asaltar" las instituciones.
*Este miércoles ElPlural.com ofrecerá la entrevista completa con Joaquín Urías. En ella se abordarán temas como el pleno del TC, la renovación del CGPJ o la ley del Solo es sí*.
