Alfonso Fernández Mañueco tiene un problema en plena campaña electoral después de que, un informe anónimo, le implique en la investigación abierta en un juzgado de Salamanca contra el Partido Popular por un posible delito de financiación irregular. Según el informe, al que ha tenido acceso ElPlural.com, se habría utilizado dinero negro procedente de empresarios y empresas de Salamanca para pagar las cuotas impagadas de los afiliados y que, así, Fernández mañueco se asegurara la presidencia del partido.
En el informe se explica que: “Antes de anunciar su candidatura Alfonso, se reúne en el ayuntamiento a petición de Alfonso Fernández Mañueco con el actual presidente provincial e imputado en la causa, Javier Iglesias, le informa como presidente del partido de sus intenciones de presentarse a presidente de la Junta de Castilla y León, y le pide, entre otras cosas, que voten el mayor número de afiliados”.
Es en ese punto cuando surge el problema. Iglesias le informa de que “existe un número muy alto de afiliados que no pueden pagar al no estar al corriente de sus cuotas”. En total, había 1.238 afiliados morosos que, entre todos, debían 61.937 euros por cuotas impagadas de 30, 50 y 90 euros.
El documento, adelantado por Público, explica que Mañueco se reunió en el consistorio con otros cargos del PP como el senador Gonzalo Robles, el diputado nacional, José Antonio Bermúdez de Castro; Javier Iglesias, el actual alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo que era entonces edil; el teniente de alcalde, Fernando Rodríguez; la gerente del partido e imputada, Isabel Sánchez, y el abogado municipal, José María Benavente.
En esa reunión se pregunta por la posibilidad de pagar con dinero de los altos cargos y de empresarios la deuda de los afiliados, a lo que el letrado José María Benavente contestó, siempre según este informe, que eso podría suponer un delito de financiación irregular, “pero no se opone a que lo hagan”.
Prosigue el escrito diciendo que “Javier Iglesias se reúne con Mañueco y con Isabel Sánchez en la Diputación y entre los tres montan la trama, con el visto bueno de Robles Piquer y José Antonio Bermúdez de Castro, que le informan cómo lo iban a hacer. También llaman al letrado José María Benavente Cuesta, y este no se opone a que lo hagan”.
Así, “empiezan a recoger dinero de las personas que se habían encargado por el Ayuntamiento Fernando Rodríguez y Carlos García Carbayo, en efectivo y anónimo, lo van metiendo en un sobre y tomando nota en un folio del importe que cada uno abona”. Dice el informe que aportaron dinero todos los concejales del PP, varios jefes de servicio e incluso el abogado Benavente.
Por su parte, en la Diputación, habría sido Javier Iglesias la persona encargada de recaudar el dinero. La denuncia le describe como “la persona que coordinaba todo y conductor general del entramado, ya que este manifestaba que no existe ningún problema, que tiene contactos con empresarios salmantinos afines al partido que están dispuestos a colaborar”. Dieron dinero todos los diputados provinciales así como varios empresario cuya aportación sirvió “para completar” el importe.
Sobre este extremo, aseguran los denunciantes, que presuntamente serían gente del equipo de Mañueco que se trataba "de un impuesto revolucionario que todos los cargos públicos o de partido nos vimos obligados a dar en dinero negro".
En cuanto al dinero: 11.016 euros se recuperaron de afiliados, 9.431 de afiliados que se encontraban al día, 24.140 de aportaciones de empresarios de Salamanca afines al partido y 17.350 de altos cargos, miembros de la diputación, ayuntamientos y alcaldes del PP.
“La presunta financiación ilegal, 24.140 euros de empresarios, fue aportada en efectivo y en mano, metido en un sobre que se lo llevaron a Javier Iglesias a la Diputación. Manifestaron que la entrega fue anónima ya que eran empresarios conocidos, pero Javier los apuntó en un folio, presuntamente para favorecerles en algo”.
Falsificación de firmas
Según recoge este informe, cuando llegó el momento de votar, y ya con las cuotas puestas al día, muchos de los afiliados no se presentaron. Afirman los denunciantes que, presuntamente, “votó el partido por ellos, y presuntamente les falsificaron las firmas, escaneándolas”.
