La diputada de Vox, Macarena Olona, ha presentado en el Congreso una batería de preguntas sobre el conocido como caso Stampa, la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por el exfiscal Anticorrupción, Ignacio Stampa, por el menoscabo de su carrera profesional y prestigio debido a la presunta injerencia de la fiscal general de Estado, Dolores Delgado, para dejarlo fuera de la sección de Anticorrupción. Olona, entre otras preguntas, quiere saber si el Ministerio de Justicia ha remitido a la Fiscalía algún tipo de comunicación. La respuesta del Gobierno ha sido clara: "No ha habido ninguna comunicación entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado en relación con la investigación o el apartamiento sobre Don Ignacio Stampa Fuente por presunto delito de revelación de secretos cometido en el marco de su actuación en el llamado “caso Tándem”".

Dentro de su batería de preguntas sobre el caso Stampa, la miembro del partido de ultraderecha, también pregunta si se ha dirigido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, directamente a la Fiscalía General del Estado. En el caso de esta cuestión, la respuesta es todavía más clara, "el Ministerio Fiscal actúa con total independencia, sin que por parte del Gobierno pueda dirigirse mandato o instrucción alguna sobre su funcionamiento u organización".

Para dar esta respuesta, desde el Ejecutivo le recuerdan al partido de Santiago Abascal que, como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: “El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad".

Y apostillan que, el artículo 124 de la Constitución Española, establece en sus puntos dos y tres, que: “El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad", y que, "la ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal".

El caso Stampa

El caso Stampa comenzó cuando el partido de ultraderecha Vox se querelló contra él porque se filtraron unos mensajes de la abogada de Podemos en los que hablaba de la buena relación con el fiscal. La Fiscalía abrió entonces unas Diligencias de Investigación Penal.

A principios de diciembre de 2020, el instructor, el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Carlos Ruíz Alegría, solicitó el archivo de las mismas al no haber encontrado nada contra Stampa. Sin embargo, desde la Fiscalía General del Estado no solo se apartó a Ruíz Alegría del caso, sino que se obligó a mantener las DIP abiertas con la excusa de que se practicaran diligencias. Todo eso sucedió a principios de diciembre, cuando el Consejo Fiscal que debía darle la plaza o no a Stampa se celebraba a finales de ese mismo mes.

En el Consejo Fiscal, Ignacio Stampa no obtuvo ningún apoyo, entre otros motivos porque tenía abiertas las DIP. Pero, mágicamente, en enero, cuando Stampa ya estaba fuera de Anticorrupción y del caso Villarejo, la investigación contra él se archivó sin haberse practicado ninguna diligencia más.

Es más, el propio Stampa ha interpuesto dos demandas por este tema. La primera en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, la segunda, una demanda de reparación patrimonial, en el Ministerio de Justicia, y es esta última sobre la que versan las preguntas de Vox.