Imposición que no diálogo
En opinión de otras asociaciones como Jueces para la Democracia, “de poco sirve dialogar si el ministro impone de forma unilateral su gestión y no admite la incorporación ni siquiera de una sola reivindicación de las que se le plantean”, según comentaron fuentes de esta entidad a ELPLURAL.COM. Y es que todas las peticiones, desde un aumento de presupuesto para poder llevar a cabo el trabajo diario, hasta la modificación de la Ley de Tasas judiciales, fueron negadas una a una por parte del titular del Ministerio.
No a la inversión pública en Justicia
Se abordó el incremento de la inversión pública en Justicia. Lo más que prometió Gallardón fue que “se esforzaría” para que su área no fuera una de las que más sufrieran por los recortes si no mejoraba la situación, pero en cuanto a la solicitud concreta de aumentar la partida presupuestaria negó esta posibilidad alegando la crisis económica actual. Jueces y fiscales habían reclamado que se mantuviera el presupuesto del año anterior para poder prestar un servicio público adecuado a la ciudadanía en defensa de sus derechos fundamentales. En España, la dotación destinada a Justicia no alcanza el 1% del PIB mientras la media europea está entre el 3 y el 4%, denuncian los jueces.
Jueces sustitutos sin vuelta
El ministro se opuso también a la derogación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada el 28 de diciembre pasado que afecta al Estatuto profesional de Jueces y Fiscales en materia de sustituciones. En base a esta reforma, se han suprimido cerca de mil jueces sustitutos y magistrados suplentes con lo que jueces muy sobrecargados se ven obligados a asumir el trabajo de otros órganos judiciales. Esto está suponiendo suspensiones de procesos y dilaciones en el tiempo. Gallardón mostró su oposición a dar marcha atrás diciendo lo mismo, que la situación económica no permite el gasto de los jueces sustitutos. Se comprometió a conseguir que se agilicen los trámites para que los jueces titulares que están realizando estas sustituciones cobren la retribución que les corresponda mensualmente.
“Peligra la independencia de los jueces”
Sobre el proyecto de Ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial, los jueces piden que se retire y además que se modifique en una serie de aspectos en que todas las asociaciones están de acuerdo. “Se trata de un órgano constitucional para garantizar la independencia de los jueces y tememos que con esta reforma va a pasar a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia”, explicaron las mismas fuentes. “El ministro dijo que el proyecto se encuentra en el Parlamento, pero que valoraría las propuestas presentadas y que podría sugerir enmiendas al grupo Popular. Ahora bien, no se comprometió en nada concreto”.
Pagar por la tutela judicial
La modificación de la Ley de Tasas Judiciales era otro de los temas de discordia. En opinión de jueces y fiscales esta Ley puede llevar a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos que no puedan acceder a los tribunales porque el coste económico para iniciar los procesos, se lo impida. “Pero Alberto Ruiz Gallardón dijo que no procedería a una nueva modificación, ya que considera suficiente el esfuerzo que se ha realizado tras incorporar las recomendaciones de la Defensora del Pueblo”.
Indulto a discreción del Gobierno
Otro caballo de batalla, la reforma legal de la Ley de Indulto, en la que plantean que las medidas de gracia estén motivadas porque consideran que propicia la discrecionalidad política de forma arbitraria al no requerir ninguna explicación para que se conceda dejando sin efecto las condenas. “El ministro se opuso a esta reforma legal con el argumento de que los indultos no deben motivarse. En su opinión se trata de una facultad discrecional del Gobierno añadiendo que si los indultos se motivaran, se podría interponer recurso contra los mismos. Dijo que en ese caso, la sala III del Tribunal Supremo, estaría enmendando lo que pueda haber decidido la sala II del Tribunal Supremo”.
Invitados a un debate legal
Para terminar, Gallardón informó a las asociaciones del trámite del Código Procesal Penal y de la última reforma en marcha de la LOPJ. “Según dijo se trata de dos estudios realizados por equipos de expertos, que no han sido asumidos por el Ministerio de Justicia. El objetivo que se pretende es abrir un amplio debate, en el que nos invita a participar, para preparar los correspondientes anteproyectos en el último trimestre del año”.
La APM se desmarca
La postura de las asociaciones difiere. La Asociación Profesional de la Magistratura valoraba positivamente el esfuerzo de diálogo del ministro y no estaba de acuerdo en plantear nuevas acciones reivindicativas. “La mayoría de jueces y fiscales consideramos que se trata de una imposición unilateral. No ha admitido ningún planteamiento”, explican en Jueces para la Democracia. “No se puede desarrollar la gestión pública en contra de lo que piensan todos los sectores sociales, no parece posible que todos nos equivoquemos desde las asociaciones judiciales, los fiscales, los abogados, los funcionarios, los usuarios…”, afirmaron. Las asociaciones están dispuestas a entablar conversaciones con los grupos parlamentarios, presentar un estudio a la responsable de Justicia de la Comisión Europea sobre el déficit de democracia e independencia del poder judicial español y estudiar otras estrategias en las que tampoco se descarta una futura huelga.
