Después de que dos jueces del Tribunal Constitucional del ala conservadora de la Sala de Vacaciones hayan tumbado el recurso de amparo del expresident catalán Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín contra la orden nacional de detención dictada por el Tribunal Supremo, ahora, la Fiscalía ha anunciado que recurrirá en septiembre la decisión, lo que forzará el debate en el Pleno del órgano de garantías que, desde el pasado enero, cuenta con una mayoría progresista.
Es así como el Ministerio Fiscal entiende que no hay motivos de urgencia para que la Sala de Vacaciones se pronuncie sobre este recurso de amparo. Es así como consideran que no es un asunto que requiera resolución fuera del Pleno del Constitucional, del que es necesario recordar que cuenta con una mayoría progresista desde el pasado mes de enero, a diferencia de la Sala de Vacaciones, la cual es conservadora.
En el auto dictado este mismo miércoles por dos votos --los de los magistrados del ala conservadora César Tolosa y Concepción Espejel-- contra uno -el de la magistrada Laura Díez del sector progresista-- consta que la decisión es recurrible por el Ministerio Público en un plazo de tres días. La magistrada progresista ha señalado que no existe “tal urgencia”, sosteniendo que la decisión de los dos conservadores, y por la que se ha adoptado la decisión final, es “innecesariamente precipitada”.
Se da la circunstancia, sin embargo, de que agosto es un mes inhábil en los tribunales, por lo que la Fiscalía tiene hasta septiembre para decidir si impugna o no la resolución.
El recurso de Puigdemont
En cuanto a las posturas de Puigdemont y Comín en contra de su orden de detención en España, ambos alegaron en su momento ante el Constitucional la vulneración de varios de sus derechos fundamentales, respaldándose en que estaban protegidos por la inmunidad parlamentaria que se les otorgaba en calidad de miembros del Parlamento Europeo, condición con la que ya no cuentan. Ambos dirigentes consideran que, pese al primer pronunciamiento del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que les deniega el mencionado privilegio, no es una decisión en firme. El equipo legal del expresident y de su exconsejero argumenta que este carácter puede cambiar a su paso por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en caso de que su recurso no prosperara. Agregan que la objeción vulnera de facto sus derechos a la tutela judicial efectiva, al magistrado ordinario estipulado por la ley, a un proceso imparcial y a los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
Partiendo de esta premisa, el auto de la Sala de Vacaciones replica que el Parlamento Europeo denegó que fuera necesario el requerimiento de un suplicatorio sobre ambos con arreglo al artículo 71 de la Constitución Española, que “no requiere recabar autorización parlamentaria para ejercer acciones penales contra una persona que adquiera la condición de parlamentario después de su procesamiento”. Los dos magistrados conservadores se decantan por “una interpretación estricta del alcance de la prerrogativa” de la inmunidad de Puigdemont y su exconseller, derivado de la “prohibición de su entendimiento como un privilegio personal o como expresión de un pretendido ius singulare establecido a fin de pretender sustraer los comportamientos de los diputados o senadores del conocimiento o decisión de jueces y tribunales”. En el escrito resaltan que la existencia de estos privilegios se contrapone a los valores de Justicia e Igualdad del artículo 11 de la Carta Magna.
Puigdemont vuelve al debate político tras el 23J
Cabe tomar en consideración que la decisión de los dos jueves conservadores que han tumbado el recurso de Puigdemont y Comín llega en un momento político convulso. Tras el ajustado resultado de las elecciones generales del 23J, dejando tanto a Pedro Sánchez como a Alberto Núñez Feijóo un marco de negociaciones complejo, Junts per Catalunya (Junts) está adoptando un papel clave en los contactos para lograr una investidura en favor del bloque de izquierdas.
Las demandas del partido de Carles Puigdemont a Sánchez para favorecer su investidura han sido claras desde el primer minuto: que el presidente del Gobierno en funciones diga abiertamente si está dispuesto a debatir sobre autodeterminación y amnistía en Cataluña. Por el momento, y en palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, este miércoles, y en respuesta al portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, las conversaciones no avanzan, ni en clave positiva ni negativa: "Primera noticia, al menos por lo que respecta a Junts", ha replicado a través de las redes sociales.
