El candidato de Carlos Mazón a la alcaldía de Orihuela, José Vegara, se enfrenta a siete años de cárcel y una multa de más de un millón de euros por responsabilidad civil como presunto autor de dos delitos contra la Hacienda Pública, uno de fraude de IVA (3 años) y otro de fraude del impuesto de sociedades (4 años). Todo ello pese a que cuando este medio publicó en exclusiva su procesamiento, Vegara aseveró ante los medios que el asunto estaba archivado desde 2015, algo extraño teniendo en cuenta que el auto de procesamiento es de 2017, y la calificación fiscal en la que el Ministerio Público le pide siete años prisión es de 2021.
Es más, tras quedar en evidencia que Vegara había mentido sobre no solo estar inmerso en un procedimiento judicial, sino sobre el hecho de estar al borde de sentarse en el banquillo, lo que, según los propios estatutos del Partido Popular obligarían a suspenderle de militancia y renunciar a sus cargos, Carlos Mazón no le ha pedido que dimita y corra la lista electoral. Porque Carlos Mazón podía haber evitado que fuera en listas porque sabía que estaba procesado, pero le dio igual, y ese órdago a la grande, le está costando un disgusto con Génova, desde donde sus dirigentes atribuyen a Mazón “la responsabilidad de elegir un candidato procesado para Orihula”, tal y como ha publicado el periódico Información.
El caso de Vegara
¿Pero por qué la Fiscalía pide siete años de cárcel para el flamante candidato de Carlos Mazón en Orihuela? Pues según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso ElPlural.com, y que contra las declaraciones de Vegara que afirmó ante la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que su caso estaba archivado desde 2015, tiene fecha de junio de 2021, el acusado y otros dos socios cometieron dos delitos contra Hacienda.
Afirma el escrito que: “Los tres acusados, como administradores de la ITV los acusados ostentaban y disponían de materia y efectivamente de poder y capacidad de dirección, control y gestión de la empresa y, por ello, formaban parte de sus competencias y de los deberes inherentes a su gestión del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la mercantil para con la Hacienda Pública”.
“Los acusados, en su condición de miembros del consejo administración de la mercantil, previamente concertados y conjuntamente, movidos por la común intención de ocasionar un perjuicio patrimonial a la Hacienda Púbica, urdieron y orquestaron un ilícito plan con la afinidad de, a través de un contrato de compraventa de agendas publicitarias en el que conseguirían un precio mendaz y sobreincrementado mendaz y artificiosamente y que no se correspondía con el precio rea, habitual y auténtico de tales bienes en el mercado y, fundamentalmente, a través de la expedición de diferentes facturas que recogieron dichos precios mendaces, crear en beneficio y en favor de la estación de la ITV, para el ejercicio económico de 2005, unos gastos deducibles -impuesto de sociedades-, y unas cuotas de IVA soportado - impuesto de IVA- ficticios y falaces, que disminuyeran considerable e ilícitamente los beneficios económicos de la mercantil durante ese ejercicio y la base imponible de los tributos, para así de ese modo minorar fraudulenta e indebidamente las cuotas tributarias que la ITV debía ingresar en Hacienda en concepto de los dos impuestos bajo investigación”, prosigue el fiscal.
El escrito finaliza aseverando que, tanto e candidato de Mazón como sus socios: “para la ejecución y consecución de su defraudatorio plan, contactaron el el cuarto acusado, administrador de la otra mercantil, quien plenamente de las ilícitas intenciones, y concertado con éstos a fin de facilitar de modo decisivo y sustancial el cumplimiento de los planes de aquellos, concertó una estratagema en la cual compraba 100.000 agendas para, a través de su empresas y otras dos mercantiles, venderlas a clientes con un precio de 17 euros aunque todos sabían que, el precio real, era de 1,31 euros por unidad”.
