La memoria de la Fiscalía General del Estado ha arrojado luz sobre una de las investigaciones de Medioambiente más novedosas, por la falta de causas similares así como por la ausencia de jurisprudencia existente. Una investigación que se saldó con 58 detenidos por parte de la Guardia Civil. Se trata de una macrocausa por la suelta ilegal de una especie invasora, en este caso la codorniz japonesa, a la cual los investigados llegaron a cruzar en granjas con la codorniz común para que no fuera detectada. Explica la Fiscalía de Medioambiente que, según sus cálculos, se soltaron más de medio millón de estas aves en Lleida.

En la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado se incoaron las diligencias de investigación en el años 2020 a fin de investigar los hechos comunicados por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (Seprona), en las que informaba de las actuaciones llevadas a cabo por dicha unidad en el curso de la denominada operación Guatlla.

La operación Guatlla

En dicha operación la Guardia Civil investigó desde principios del año 2020 algunas empresas ubicadas en la provincia de Lérida que, si bien aparentemente se dedicaban a la cría, engorde y venta de carne y huevos para consumo humano de codorniz japonesa (coturnix japónica), una actividad en principio lícita, también se dedicaban a la venta ilegal de especímenes vivos de esas aves que se destinaban a la alimentación de aves de cetrería y al entrenamiento de perros de caza mediante su liberación al medio natural en varias provincias.

La codorniz japonesa es una especie no residente en España, que está incluida en el Anexo por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, que prohíbe la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, ya que su presencia comporta una alteración de la especie autóctona, que es la codorniz común (coturnix coturrnix), con la que compite y a la que desplaza, produciéndose así una pérdida del patrimonio genético y altera el equilibrio biológico. Además, según los investigadores, los productores denunciados habrían favorecido la hibridación de dicha especie con la codorniz común con el fin de hacerla indistinguible.

Entre los meses de agosto y septiembre de 2020 la Guardia Civil practicó 25 inspecciones en cotos de caza en los que se realizaban sueltas de codorniz con el fin de tomar muestras biológicas para identificar la especie cazada, así como otras 26 inspecciones en las granjas productoras en donde se tomaron muestras para identificar la especie comercializada. Los investigadores informaron finalmente de 250 muestras y los análisis revelaron que en 29 de las 37 instalaciones inspeccionadas había ejemplares de codorniz japonesa o híbridos. Se estima que entre los años 2019 y 2021 se habrían liberado ilegalmente al medio natural, al menos, 562.746 ejemplares vivos de codorniz japonesa con fines cinegéticos. La investigación ha permitido atribuir la comercialización en origen de esas aves a tres granjas situadas en la provincia de Lleida.

Las diligencias de investigación finalizaron con la presentación de una denuncia por un delito relativo a la protección de la fauna del artículo 333 Código Penal, según el cual: “El que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora o fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años”.

El procedimiento judicial incoado al efecto “resulta de gran interés para esta Unidad, pues los hechos se subsumen en un tipo penal que hasta la fecha no ha merecido especial atención por parte de la doctrina, probablemente debido a su singularidad. Por otra parte, la inexistencia de una línea jurisprudencial consolidada en torno a este delito es un aliciente más para realizar un seguimiento particular de este procedimiento y dedicar a la investigación de los hechos los recursos humanos y técnicos que resulten necesarios”, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado.