La mayoría de fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, 21 de 29, ha firmado un escrito a favor de sus compañeros del procés y en contra del lawfare en el que expresan su "profunda preocupación por la vigencia del Estado de Derecho". Un escrito que ha levantado ampollas en la Fiscalía General del Estado, ya que no sabían nada de él, y que se niegan a valorar porque "no lleva firma y lo podría haber escrito cualquiera".

En su escrito, los miembros del Ministerio Público firmantes aseveran: "Los fiscales de la Fiscalía Especial Anticorrupción abajo firmantes, manifestamos nuestra profunda preocupación por la vigencia del Estado de Derecho, y expresamos: Nuestro reconocimiento y apoyo a los fiscales intervinientes en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado “procés”, y reprobamos los ataques injustificados que vienen recibiendo, y la amenaza de fiscalización política del desempeño de sus obligaciones profesionales. Mostramos nuestro firme compromiso en defensa de la división de poderes, del principio de igualdad en la aplicación de la Ley y en defensa de la independencia de los Tribunales".

Con la firma de este escrito, 21 de los 29 fiscales Anticorrupción entre los que no se encontraría el fiscal jefe Alejandro Luzón, se alienan del mismo lado que los seis consejeros de la conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria en el Consejo Fiscal. Unos consejero que esta semana obligan al fiscal general del Estado, Álvaro García, quien hasta la fecha se ha negado a pronunciarse, a discutir en el próximo consejo una declaración institucional sobre la amnistía y el amparo solicitado por los cuatro fiscales del 'procés' en el Supremo ante las acusaciones de 'lawfare'.

Misma línea que el Supremo

El escrito de Anticorrupción está en la misma línea que el emitido por Sala de Gobierno del Tribunal Supremoen el que exigen “absoluto respeto a la división de poderes”, así como rechaza que exista ningún tipo de ‘lawfare’, sin nombrar específicamente este término que habla sobre la utilización de la Justicia para perseguir causas políticas o políticos. Un término, el de lawfare al que no hace referencia alguna la ley de amnistía presentada en el Congreso, pero al que los jueces sí han querido hacer referencia en su acuerdo porque ha sido, los últimos días, el 'arma' mediática de jueces y fiscales contra la posible ley.

En el comunicado, que salió por unanimidad, la Sala de Gobierno recuerda “que el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes”.

Los magistrados también afirman que “el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley”.

Y, por último, enfatizan: “la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones. Ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado”.